Londres perseguirá a los clientes de las prostitutas

La ministra del Interior del Reino Unido, Jacqui Smith, quiere que los clientes de mujeres que son obligadas a prostituirse a la fuerza sean procesados, con independencia de que el usuario conozca o no la situación de la prostituta. La medida, que los abogados ya han advertido que es de difícil aplicación, tiene sobre todo una intención disuasoria: se trata de que el potencial cliente tenga en cuenta que el desahogo sexual puede acabar costándole una multa de hasta 1.000 libras (1.200 euros) y la inclusión de su nombre en el registro de antecedentes penales.

Esa iniciativa forma parte de una serie de medidas que se van a poner en marcha para combatir el tráfico de mujeres y la figura del proxeneta. El Gobierno británico ha estudiado durante varios meses los modelos antagónicos sobre la prostitución que se aplican en Holanda y en Suecia.

El modelo permisivo holandés, con lugares específicamente autorizados para que ahí se pueda ejercer la prostitución, ha sido descartado porque no ha conseguido que se reduzca el número de mujeres que son forzadas a ejercer la prostitución.

El modelo sueco de prohibición total del sexo de pago también se ha rechazado porque su éxito en Suecia, donde se estima que había un total de 1.500 trabajadoras del sexo concentradas en tres ciudades, no parece exportable a Reino Unido, que tiene unas 80.000 prostitutas dispersas por todo el país. Las autoridades estiman que unas 4.000 de ellas están ejerciendo en contra de su voluntad, forzadas por proxenetas o incluso atraídas con engaños al Reino Unido y luego encerradas en prostíbulos, incapaces de escapar o de denunciar su situación a través de los clientes por miedo a las represalias.

Las medias tintas por las que apuesta el Gobierno británico incluyen una campaña publicitaria centrada en concienciar a los compradores de sexo sobre el drama de la explotación sexual, modificar la ley para que sea más fácil procesar a quienes recurren al automóvil para utilizar la prostitución callejera y aumentar los poderes de la policía para cerrar por al menos tres meses los prostíbulos vinculados a la explotación sexual. En la actualidad pueden reabrir enseguida, salvo que se hayan encontrado pruebas de consumo o tráfico de drogas duras.