Demócrata de quita y pon

Puesto que parece no poder demostrar que ha ganado limpiamente las elecciones municipales del 9 de noviembre, Daniel Ortega, el presidente nicaragüense, ha optado por sitiar Managua con sus partidarios. Los acontecimientos en la capital -donde los correligionarios del líder sandinista campan a sus anchas, han impedido violentamente manifestaciones opositoras, amenazan a sus rivales políticos y exhiben armas con total impunidad- evocan tiempos en los que Ortega, todavía no convertido públicamente a los usos democráticos, dirigía un Gobierno revolucionario. Situaciones similares se registran en León, la segunda ciudad del país.

Nicaragua es pequeña, pero su violenta historia y sus implicaciones la han convertido en símbolo que multiplica el alcance de lo que allí ocurre. Y lo que ocurre ahora es que el gobernante Frente Sandinista de Liberación asegura haber ganado las elecciones municipales del 9 de noviembre, denunciadas como fraudulentas por la oposición conservadora y por los pocos observadores que han podido fiscalizar parcialmente los comicios; un juicio al que se han sumado los obispos del país centroamericano.

Daniel Ortega alcanzó la presidencia en 2006, frente a una oposición dividida encabezada por Eduardo Montealegre, el mismo ex banquero candidato ahora a la alcaldía de Managua. En menos de dos años, la popularidad del antiguo guerrillero ha caído en picado entre sus compatriotas, básicamente por su oportunismo político. En los últimos meses, el presidente ha recurrido a los mismos procedimientos que su aliado Hugo Chávez para asegurarse el triunfo: excluir a los partidos molestos, con la abierta complicidad del Consejo Supremo Electoral, una instancia a la que se supone neutral pero que actúa como correa de transmisión del partido gobernante. La autoridad electoral, que rechaza un recuento de papeletas supervisado por observadores, ha concedido provisionalmente la victoria a los sandinistas en 101 de las 146 alcaldías disputadas, incluida Managua.

La Unión Europea, que no oculta su malestar con el autoritario Ortega, ha expresado su inquietud por los acontecimientos y exige plena transparencia electoral. Condicionar su ayuda económica -un tercio del presupuesto gubernamental- a la verificación de los resultados es la mejor forma de evitar que sea cercenada la incipiente democracia nicaragüense.