El litigio europeo

La sentencia que anula el plan de Patraix retoma las claves de la controversia que ha llevado al urbanismo valenciano ante el tribunal de justicia europeo tras años de denuncia por indefensión de los afectados en la tramitación de los PAI con la LRAU.

Los magistrados recuerdan que en el fondo de las acusaciones de falta de transparencia y "las dudas de confrontación" entre la norma valenciana y la directiva europea está la naturaleza del contrato que adjudica al agente urbanizador el desarrollo de un suelo. La Generalitat siempre ha defendido que es un acuerdo de carácter "especial", diferente del contrato típico de obras o concesión que describe la directiva.

El TSJ destaca que la controversia no está resuelta, y la aparca porque para resolver el caso concreto de Patraix no es determinante. Pero no se privan los magistrados de describir un "silogismo hipotético" que lanza dardos envenenados contra la LRAU y también su sucesora, la LUV. Escribe el tribunal que si al contrato del urbanizador le fuera de aplicación la directiva comunitaria, lo que es "cuestionable", la normativa urbanística valenciana incumpliría las reglas de publicidad y concurrencia en el proceso de selección del agente. Además, en otros trámites, como el de las proposiciones económicas y la presentación de ofertas, no están suficientemente garantizados el principio de igualdad y la libre competencia.