Cae una red que metió en la UE a 3.500 mujeres

La declaración de una testigo protegida en la comisaría de Málaga en 2004 ha permitido a la policía tirar del hilo y desmantelar una red que supuestamente introdujo en la Unión Europea a 3.500 mujeres, la mayoría de nacionalidad ucraniana, para prostituirlas.

La operación, que arrancó con el nombre de Odesa y luego fue bautizada como Trufas, se ha saldado hasta el momento con 32 detenidos y más de 70 personas identificadas como autoras de distintas infracciones. Desde Málaga se ha coordinado un dispositivo policial de más de 200 agentes que ha realizado detenciones en España, Portugal, Hungría, Polonia, Eslovaquia e Italia. El grupo criminal captaba a las mujeres mediante anuncios en prensa y mediante el "boca a boca" de agencias de viaje y empresas de transporte. Una vez localizadas, se las proveía de un visado de corta duración para entrar en la zona Schengen expedido por consulados de Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa, y las instruían sobre cómo cruzar la frontera exterior de la UE haciéndose pasar por turistas.

Por los documentos y el viaje en furgonetas o minibuses de la organización, las mujeres pagaban entre 2.500 y 3.000 euros por persona, cuando en transporte regular les habría costado 10 veces menos. En algunas ocasiones, las mujeres eran introducidas escondidas en camiones.

Una vez en la UE, la organización criminal alojaba a las mujeres en "pisos-patera" en Milán (Italia). Para asegurarse el cobro de las cantidades estipuladas, los proxenetas retenían los pasaportes de las chicas y las encerraban en los pisos. Hizo falta que una de las mujeres se decidiera a contar su caso en la comisaría malagueña para que la red pudiera ser desmantelada. El trámite de expulsión de la denunciante ha quedado paralizado, y en caso de que haya condenas por esta causa, obtendrá el permiso de residencia. Normalmente, las mujeres explotadas no denuncian por un doble miedo: el de ser expulsadas de España y el de ser agredidas ellas o sus familias por las redes criminales, según fuentes policiales.

Además de los 32 detenidos, acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, asociación ilícita y trata de personas para su explotación laboral y sexual, hay otros 33 detenidos por estancia ilegal, de los cuales 30 vivían en España y tres en Portugal. En España se han realizado registros en Girona, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca. A los miembros de la red se les ha intervenido una pistola real y otra de fogueo, 16.000 euros, seis vehículos, ordenadores portátiles y abundante documentación, según informó ayer la policía.