Todos los grupos piden más dinero para la dependencia

Muy pocas veces en el panel electrónico de votaciones del Parlamento andaluz aparecen todas las bombillitas verdes, pero ayer fue una de ellas. Socialistas, populares e Izquierda Unida apoyaron por unanimidad reclamar al Gobierno central un cambio en el criterio de financiación de la ley de Dependencia, de manera que las comunidades más cumplidoras en la valoración y atención de los dependientes reciban el dinero al mismo ritmo con el que ejecutan la norma.

La iniciativa, defendida por la socialista Isabel Muñoz, reclama un aumento de las partidas estatales para los dependientes y que "el valor preponderante" de la financiación sea el del "número de beneficiarios ya valorados y atendidos". Andalucía encabeza la lista de las comunidades en dar respuesta a la ley de Dependencia. A fecha del 2 de noviembre, había dictaminado el 74% de las 206.344 peticiones presentadas y las personas con derecho a una prestación se elevaba a 109.208, el 31% del total de España. En la actualidad, las comunidades perciben financiación en función de las previsiones de perceptores potenciales, la dispersión geográfica, la insularidad o los emigrantes retornados, pero no por el ritmo real de la ejecución de la ley. Muñoz apeló a la "equidad" para reclamar un baremo distinto a las comunidades cumplidoras, frente a las que, según los socialistas, se dedican a torpedear la ley como Madrid y Valencia. La avalancha de peticiones va a provocar que a final de año los 270 millones de euros presupuestados en Andalucía se dupliquen, y algo similar puede pasar en 2009, en el que hay previstos 530. El aumento de esta partida está garantizado ya que la ley de presupuestos contemplan la posibilidad de conceder créditos ampliables a la consejería que dirige Micaela Navarro

El Parlamento exige que la financiación se rija por el ritmo real de atención

Pero que los grupos votaran al unísono no quiere decir que el debate fuera de guante blanco. La portavoz popular en el debate, María Dolores López Gabarro, aseguró que el 8% de los que habían solicitado acogerse a algún tipo de prestación "ha fallecido" y acusó al PSOE de "doble moral y discurso" al rechazar en un debate anterior una petición del PP para triplicar los fondos a la dependencia.

También el diputado de IU José Manuel Mariscal habló de la aplicación "chapuza" de la ley y reclamó al Gobierno el cumplimiento del Estatuto para crear una red pública de servicios sociales, ya que en su opinión la atención a los dependientes está propiciando "negocietes de los amiguetes de alcaldes y alcaldesas del PSOE".

Casi lo mismo ocurrió en el debate de otra iniciativa sobre la defensa del trasvase Tajo-Segura que beneficia a Almería. PSOE y PP votaron a favor, pero sus portavoces, Manuel García Quero y Carolina González Vigo, más que buscar un pacto sobre el agua se dedicaron a hurgar en sus propias contradicciones. El PSOE y PP de Castilla-La Mancha defienden que este trasvase acabe en 2015.