Una pensión de 3.500 euros para que el hijo tenga ropa cara y asistenta

El niño tendrá que disponer de servicio doméstico, una "vivienda digna", una educación privada bilingüe "reservada a una élite social", "ropa cara" y "atención sanitaria privada". El titular del juzgado de Familia 7 de Sevilla, Francisco Serrano, considera que el hijo de una pareja que se ha separado debe recibir todas estas atenciones. Y por eso fija una pensión mensual de 3.500 euros, que deberá abonar el progenitor, un catedrático con un "importante" nivel económico.

Serrano establece esta elevada suma -el padre solicitó pasarle a la madre sólo 300 euros- teniendo en cuenta los cuantiosos "activos inmobiliarios" del progenitor. Según el magistrado, con los 3.500 euros se logrará evitar el "profundo desequilibrio" económico entre la madre y el padre y así se impedirá que en el futuro el niño se decante por un determinado núcleo familiar "por un puro y libertino capricho".

Según la sentencia recogida ayer por Europa Press, el crío tiene ahora sólo dos años. Pero el juez Serrano pone su vista en el futuro, cuando el niño crezca y se convierta en un adolescente. Según el magistrado, cuando los menores adquieren uso de razón y su "egoísmo" supera sus vinculaciones afectivas, "confunden su verdadero interés con el de una voluntad manipulada, alienada y marcada por puro capricho". Lo que pretende Serrano, según el razonamiento que utiliza en la sentencia, es que el crío no se decante cuando crezca por el hogar "en el que obtenga más beneficio".

Ridículos 300 euros

Por eso el juez establece "una cuantía de pensión proporcionada al caudal, medios, recursos, bienes y poder económico del padre". Serrano sostiene que es "casi ofensivo" que el padre pretenda "desentenderse" de sus responsabilidades "abonando como pensión alimenticia la ridícula cuantía de 300 euros". Según el magistrado, el progenitor sólo necesita desprenderse de una "ínfima" parte de su patrimonio para poder hacer frente a los 3.500 euros mensuales de pensión que se le requieren.

En la sentencia el juez impone la obligación a la madre de matricular el curso que viene al menor en un colegio bilingüe, algo con lo que el progenitor también se ha mostrado de acuerdo.