La decisión sólo afecta a la fosa de Lorca, a otra en La Serna y al Valle de los Caídos

La decisión que tomó ayer, reunido de urgencia, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para paralizar las exhumaciones autorizadas por el juez Baltasar Garzón y su sustituto mientras está de baja, Santiago Pedraz, sólo impide en la práctica la apertura de tres de los 25 enterramientos a los que ambos jueces se han referido desde el auto del 16 de octubre. Se trata del inicio de las exhumaciones en el Valle de los Caídos (Madrid) -cuya autorización se conoció el jueves-, la de García Lorca, en Alfacar (Granada), para la que se acababan de asegurar medidas de privacidad, y la de la Serna (Madrid), en terrenos del obispado, prevista para el 21 de noviembre.

Del resto, casi todas las exhumaciones autorizadas por Garzón se han llevado a cabo, y tras extraer los cuerpos, sólo queda pendiente la identificación de lo encontrado. En otras, casi todas en la provincia de León, había culminado también ese proceso, aunque algunas estaban paralizadas por dificultades técnicas de los equipos de trabajo. Es el caso de Villanueva de la Vera (Cáceres), donde, tras buscar sin éxito durante una semana a cinco mujeres fusiladas en 1936, se ha decidido entrevistar de nuevo a testigos que puedan aportar precisiones.

La decisión de la Audiencia confundió mucho a las asociaciones personadas en la causa, así como a los antropólogos, arqueólogos, forenses e investigadores que desde 2000 han abierto fosas en toda España, antes de que el juez Garzón iniciara la causa y de que se aprobara la Ley de Memoria Histórica, que incluyó subvenciones para ello. "Mañana [por hoy] voy a abrir una fosa en Huelva que no está en el auto y que tiene una subvención del Gobierno. ¿Van a venir a detenernos?", se preguntaba el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías.