El Poder Judicial someterá a una entrevista a los nuevos magistrados
El Consejo cubrirá antes de final de año las plazas vacantes en el Supremo
Ya se han acabado los nombramientos de altos cargos judiciales basados exclusivamente en currículos impresos. Los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han consensuado un reglamento interno que les faculta para entrevistar a los candidatos (una especie de examen personal) que opten a ser magistrados del Tribunal Supremo, tribunales superiores o audiencias provinciales. El CGPJ tiene pendientes de cubrir, herencia del anterior Consejo, cinco vacantes en las Salas de lo Penal, Contencioso-administrativo, de lo Social y de lo Militar y faltan por cubrir las presidencias de los Tribunales Superiores de Galicia y Madrid. Ambas muy codiciadas por el PSOE gallego y el PP madrileño.
Cada designación deberá ser pactada, al necesitar tres quintos de los votos
El nuevo Consejo pretende cubrir todas estas plazas -algunas pendientes desde hace dos años por la falta de acuerdo de los anteriores vocales- antes de Navidad o a primeros de 2009. El pistoletazo de salida para la comisión de calificación, que es la que propone las ternas de candidatos al pleno y que preside el vocal de la moderada asociación judicial Francisco de Vitoria Manuel Torres Vela, se celebrará en cuanto llegue la luz verde definitiva al reglamento que incluye las entrevistas. Aún no está claro entre los vocales si los nombramientos pendientes tendrán que pasar por el filtro de la entrevista personal, dado que presentaron sus candidaturas mucho antes del nacimiento de esta norma.
Aparte del reglamento, sobre el que ya hay consenso, un escollo con que se ha topado el nuevo Consejo es si debe sacar a concurso, o no, las plazas vacantes en las Salas Segunda y Cuarta del Supremo. El Consejo ha encargado un informe técnico para que evalúe e informe si esas plazas cabe o no considerarlas a estas alturas vacantes habida cuenta de la reciente incorporación a esas salas de los ex vocales del Consejo Fernando Salinas (a la de lo Social) y Adolfo Prego (a la Penal).
En la misma hornada también se prevé nombrar al presidente de la Audiencia Nacional, cargo que dejó vacante el actual presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y al del Tribunal Superior de Madrid, cargo al que aspiran las jueces progresistas Manuela Carmena y Elisa Veiga, así como Javier Casas, actual presidente, quien pretende una prórroga temporal de su mandato.
Otra de las premisas que guía a los nuevos vocales es motivar con generosidad los nombramientos. No quieren que el Tribunal Supremo les tire a la cara ningún nombramiento por ausencia de motivación, como le ocurrió al anterior Consejo, en tres ocasiones, con el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez, el juez del juicio del 11-M, para la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Son nombramientos que requieren pacto, dado que deben reunir los tres quintos de los votos en un Consejo en el que los vocales propuestos por PP y PSOE se reparten 19 de los 21 vocales. CiU y PNV tienen un vocal cada uno. Aunque la premisa de estos dos primeros meses de Consejo es el pacto ("el buen rollito"), ya han surgido los primeros escollos, con progresistas y conservadores cerrados en sus trece. Es el caso del nombramiento de la vocal delegada y del jefe de la Inspección del Poder Judicial.
Los vocales propuestos por el PSOE quieren que la vocal sea la fiscal Almudena Lastra, del entorno del actual fiscal general, Cándido Conde-Pumpido. Y también han puesto nombres sobre la mesa para ocupar el puesto del jefe de la inspección. Los vocales propuestos por el PP acceden, a regañadientes, a que una fiscal vigile los juzgados, pero quieren que el jefe sea una persona de su cuerda. Y proponen a la magistrada de Barcelona Beatriz Grande. Los progresistas, al menos hasta ayer, se oponían con fiereza a Grande. Y los conservadores no estaban dispuestos a ceder y reclamaban su cuota.
