27.000 empresas gallegas solicitan a Hacienda aplazar su deuda fiscal

La crisis también se nota en el bolsillo de Hacienda. Ante las demoras en los períodos de cobro y el estrangulamiento de las líneas de crédito para hacer frente a los pagos, más de 27.000 empresas gallegas han solicitado este año a la Agencia Tributaria el aplazamiento de sus deudas fiscales. Es decir, 15 de cada 100 empresas han recurrido en Galicia a esta vía para aliviar sus cuentas. Los atrasos en el pago de impuestos se concentran, sobre todo, en las liquidaciones trimestrales del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y las retenciones a cuenta del IRPF.

Del total nacional de la deuda aplazada por empresas y contribuyentes, que la Agencia Tributaria sitúa en unos 5.300 millones de euros, con un alza del 32% sobre el año pasado, algo más de 314 millones corresponden a firmas con domicilio social en Galicia. Fuentes de Hacienda señalan que, del total de casi medio millón de empresas y contribuyentes que han pedido prórrogas en el abono de sus compromisos fiscales en España a lo largo del año, la gran mayoría corresponde a sociedades mercantiles, frente a personas físicas. En el caso gallego, construcción, comercio y servicios son los principales sectores que se apuntan a los aplazamientos.

Quince de cada 100 compañías han pedido la demora a la Agencia Tributaria

Esta misma semana, el máximo responsable de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, advertía de la avalancha de aplazamientos y señalaba que Hacienda no será ajena a las nuevas condiciones del crédito y a los problemas derivados de las estrecheces de tesorería de las empresas. "El aplazamiento es un sistema que contempla nuestra legislación y la Agencia Tributaria será sensible a las dificultades que puedan sufrir", aseguró en una entrevista en Cinco Días. La financiación del circulante (es decir, los recursos con los que se hace frente a los pagos a proveedores) es una de las grandes preocupaciones de las Administraciones en estos momentos de crisis. En el caso de Galicia, el Igape ha activado de forma concertada con la banca un plan de avales para aliviar la tesorería de las empresas.

Los plazos de pago, que oscilan desde los 30 a los 120 y 180 días, cuando no superiores, han sido uno de los motivos que han llevado a un total de 33 empresas gallegas a presentar concurso de acreedores sólo en el tercer trimestre de este año. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, supone triplicar la tasa interanual, frente al mismo período de 2007, pero un sensible descenso sobre las 70 suspensiones de pagos que se produjeron en Galicia entre abril y junio (concentradas en Pontevedra, con 44, y A Coruña, con 19 casos) del presente ejercicio. La incapacidad para hacer frente a sus acreedores afectó especialmente a empresas del sector inmobiliario y comercio, con solicitudes en casi todos los casos presentadas ante el juzgado de forma voluntaria.

De acuerdo con el Reglamento General de Recaudación, son aplazables todas las deudas fiscales a excepción de las derivadas de aquellas cantidades que debían ser retenidas a terceros a cuenta del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, también serán aplazables este tipo de deudas, en el caso de que la exigencia del pago pueda comprometer la capacidad productiva, el nivel de empleo de la empresa o acarrease quebrantos para los intereses del fisco.

Pero Hacienda no es una ONG. Para aceptar cualquier aplazamiento o fraccionamiento, la legislación marca que es obligatoria la aportación de una garantía que cubra el principal de la deuda, los intereses de demora, más un 25% de la suma de ambas partidas. Estos requisitos pueden resolverse a través de un aval de una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. En el caso de Galicia, a través de Afigal o Sogarpo, en las que participan casi todas las entidades financieras y la propia Xunta. No es obligatorio, por el contrario, la aportación de garantías sobre aquellas deudas tributarias que en su conjunto no excedan de 6.000 euros, con independencia de si su pago se encuentra en periodo ejecutivo o voluntario.

Tampoco resulta obligatoria la aportación de garantía en aquellos supuestos en que el deudor carezca de bienes suficientes para cubrir la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar al mantenimiento de su capacidad productiva y del nivel de empleo, si bien Hacienda cuenta con discrecionalidad para resolver estos casos.