Anulado otro acuerdo urbanístico de Castellón

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Castellón desveló ayer otra sentencia contra acuerdos urbanísticos adoptados por el equipo de gobierno. Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano que anula un plan de más de 1 millón de metros cuadrados, el PAI Mestrets, en el que el PP había incluido la mayor parte de sus promesas electorales (VPO, proyecto Calatrava, proyecto Gehry), aparece ahora un fallo del Tribunal Supremo que anula la aprobación definitiva, en 1999, del emisario submarino realizado en el Grao, una obra que ya está ejecutada y un "proyecto irreversible", tal como lo calificó el portavoz socialista, Juan María Calles.

El socialista señaló que esta sentencia "ha sido ocultada por el equipo de Gobierno a la oposición y a los ciudadanos", lo que denota "el conflicto permanente del equipo de gobierno con los vecinos" y la actitud de un gobierno, el local, "a la deriva, que pierde los casos ante los tribunales y que luego ha de pagar indemnizaciones millonarias con el dinero de todos los castellonenses".

En el caso del emisario, al igual que en Mestrets, fueron los vecinos quienes denunciaron la infraestructura por "ruidos, molestias y malos olores". El Supremo ha anulado el acuerdo por el que se aprobó sin que el proyecto tuviera la cobertura legal necesaria en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"Es un ejemplo más de que el equipo de Gobierno no atiende ni escucha las quejas y peticiones de los ciudadanos", manifestó Calles y advirtió, tanto a la Generalitat como al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, de que se corre "el mismo riesgo, es decir, que se paralice el proyecto de Mestrets para acabar con una sentencia del Supremo contraria dentro de cinco años y tener que pagar indemnizaciones millonarias".

Según el portavoz socialista, perder el recurso del PAI Mestrets ante el Supremo, en el caso de que el Ayuntamiento de Castellón opte finalmente por recurrir la sentencia del TSJ, "supondrá un coste económico incalculable que nos hipotecaría durante años", por lo que pidió al PP "sensatez y sentido común" para abordar el conflicto. Para avalar su consideración, Calles aportó varias sentencias en contra de decisiones adoptadas por el equipo de gobierno del PP. En materia de urbanismo e infraestructuras, "existen cinco sentencias que han acabado costando dinero a todos los ciudadanos", apuntó Calles, quien agregó que "en todos estos casos quien pierde es Castellón".