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Galicia y Cataluña evidencian sus discrepancias en financiación

Castells y Fernández Antonio intercambian puntos de vista

Los dos frentes autonómicos en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica se mantienen. Cataluña y de Galicia evidenciaron ayer sus diferencias sobre los factores que, a su juicio, deberían primar en el cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades y sobre el grado de nivelación (de solidaridad). La Generalitat considera que el factor que debe pesar más es la población, corregida por la inmigración y los costes diferenciales (la carestía de la vida) y que el mecanismo de solidaridad garantice los mismos recursos por ciudadano en educación, sanidad y servicios sociales. La Xunta quiere que se tenga en cuenta los sobrecostes que le genera en la prestación de servicios el envejecimiento de su población y la dispersión territorial. Y asegura que la nivelación debe afectar a "todos los servicios en que las comunidades tienen competencias", no sólo los tres anteriores, recordó ayer el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio.

Éste se reunió, en un almuerzo de trabajo con su homólogo catalán, Antoni Castells, aprovechando su participación en un debate sobre financiación organizado por el Consorcio Universitario Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona-Centro Ernest Lluch. Ambos, socialistas, se esforzaron en señalar los puntos de "coincidencia" y apelaron a la "búsqueda del consenso". "Forma parte de la lógica que cada comunidad ponga encima de la mesa aquellos indicadores que más le afectan. Hay que combinar una sabia capacidad para alcanzar el equilibrio", zanjó el consejero catalán.

En el debate universitario, también participó el consejero madrileño, Antonio Beteta (PP), que se arrimó más al frente mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares), al defender que prime la población, que las diferencias en la financiación por habitante se "estrechen" y que "no se penalice a los territorios más dinámicos"

Beteta se mostró muy crítico con la actuación del Gobierno central. "Las comunidades autónomas queremos que haya acuerdo, pero el Gobierno de la nación, no. Si no, no se explica este perder el tiempo sistemático", dijo el consejero, que responsabilizó directamente al presidente Rodríguez Zapatero.

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