Las consultas convocadas en Cataluña deberá aprobarlas el Gobierno central
Cuando el Parlament catalán apruebe la Ley de Consultas a lo largo que el año que viene, Cataluña estará capacitada para convocar consultas populares sobre cualquier asunto, incluso sobre la autodeterminación, si lo solicita el "6% del censo electoral", es decir, unas 319.000 personas. Sin embargo, dado que será una norma "plenamente constitucional", el Gobierno central tendrá la última palabra respecto a estas convocatorias, según señaló ayer el consejero de Gobernación, el republicano Jordi Ausàs.
Ausàs pretende aprobar el anteproyecto de ley de consultas populares en diciembre, con el objetivo de que el Parlament la apruebe el próximo año. El consejero precisó que, para que dicha ley se ajuste plenamente a la Constitución, se especificará que en última instancia será el Gobierno central el que tenga la última palabra y autorice cada una de las consultas, sean de ámbito local o autonómico, ya que así queda establecido en la Carta Magna.
Una consulta de ámbito autonómico se podrá impulsar por distintas vías: "Desde el Gobierno catalán, por una mayoría en el Parlament, o por iniciativa legislativa popular". En este último caso, será necesario que cuente con el aval del 6% del censo. Ausàs reveló que podrán hacerse consultas mediante referéndum sobre "cualquier cuestión que afecte a la población", incluido el derecho de la autodeterminación si se diera el caso.
