Paquete de medidas para impulsar la Ley de Memoria

El Consejo de Ministros aprobó ayer un paquete de medidas para desarrollar la Ley de Memoria Histórica.

- Retirada de símbolos. El Gobierno dio instrucciones para que se retiren los símbolos franquistas (escudos, insignias, placas...) de los edificios públicos, excepto si se encuentran en un Bien de Interés Cultural y por su "significado histórico, su valor artístico-religioso" o atendiendo a "criterios técnicos". El Ministerio de Cultura formará una comisión de expertos en patrimonio y arquitectos para decidir qué símbolos cumplen esos requisitos. Cada ministerio deberá elaborar una lista de los vestigios franquistas en sus instalaciones.

- Exhumación de fosas. El Gobierno ha enviado a las comunidades autónomas una propuesta de protocolo de exhumación de fosas, para que aporten sus sugerencias, a fin de elaborar el protocolo definitivo que determinará los pasos a seguir en cada exhumación. También acordó elaborar un mapa de fosas que integre los que ya tienen algunas administraciones autonómicas. El mapa final podrá consultarse en una página web.

- Nacionalidad para brigadistas. Los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil podrán adquirir la nacionalidad española sin tener que renunciar a la anterior nacionalidad, como les exigía un real decreto de 1996, derogado ayer.

- 'Título' de víctima. Las víctimas de la persecución o la violencia durante la Guera Civil y la dictadura o su cónyuge, ascendentienes y descendientes en caso de que hubieran fallecido, podrán solicitar al Ministerio de Justicia una Declaración de reparación y reconocimiento personal. También podrán hacerlo las instituciones públicas en las que las víctimas hubiesen desempeñado su labor. El plazo de resolución de la solicitud será de tres meses.

- Indemnizaciones pendientes. También se aprobó el derecho a indemnización, por una cuantía de 135.000 euros, a los familiares de quienes fallecieron entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 "en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos". Los que en esas circunstancias hubiesen sufrido una gran invalidez recibirán también 135.000 euros. En caso de incapacidad permanente absoluta, 35.000.