El hijo del alcalde de Zarra se llevó la mitad del gasto del Ayuntamiento

La mitad del gasto del Ayuntamiento de Zarra entre 2003 y 2004 fue a parar a la empresa del hijo del alcalde, 795.935,32 euros en pagos directos. Así lo recoge la denuncia de la Fiscalía tras seis meses de investigación con el grupo de Patrimonio de la Guardia Civil. La empresa Telyzan, una de las mercantiles que tiene Sergio Rubio, hijo del alcalde, declaró en ese mismo periodo, entre 2003 y 2007, unos ingresos de 3.471.931,16 euros. Más de la mitad de esos ingresos proceden de la venta a particulares de 73 construcciones que ahora son objeto de investigación judicial por ser ilegales.

El caso Zarra es una trama de fraude a través de construcciones ilegales. La Fiscalía así lo recoge en la denuncia que ha llevado al alcalde de la localidad y a su hijo a quedar imputados tras declarar ante el juez por delito contra el territorio, prevaricación urbanística, fraude funcionarial, estafa y negociación prohibida. Se decretó para ellos a las dos de la madrugada de ayer prisión provisional eludible con fianza de 18.000 euros. A primera hora de la mañana depositaron el dinero y quedaron en libertad tras pasar la noche en los calabozos de Requena.

El alcalde de Zarra creó Telyzan y aún está autorizado en sus cuentas

La Fiscalía sostiene que se trata de una trama organizada de fraude urbanístico

Según la denuncia del ministerio público, el alcalde, uno de sus hijos, los cuatro concejales de su grupo y los legales representantes de las inmobiliarias Ayora Valley Properties, Real Spanish House, SL, y Hills & Valley Properties, comercializadoras de las viviendas ilegales, actuaron "de forma concertada entre sí".

El alcalde de Zarra creó Telyzan en 2000. De ella ha sido administrador único y mancomunado. En 2003, la compró su hijo, quien acumula un importante patrimonio, y se quedó como administrador único. El alcalde sigue aún siendo titular autorizado de las cuentas de Telyzan.

La denuncia de la Fiscalía precisa que Telyzan recibió desde 2003 importantes cantidades de dinero por venta a particulares que aparecen como adquirientes. El Ayuntamiento concedió licencias sobre parcelas de suelo no urbanizable común a Telyzan. Ésta, a su vez, actuó de constructora y de promotora. Ninguno de los 73 chalés tiene una licencia legal para la construcción, ninguno está en el registro de Zarra ni ha tenido proyecto de obra en construcción visado por el Colegio de Arquitectos ni certificado de obras. No sólo no lo tienen de un chalé sino tampoco de ninguna construcción relativa a la actividad agrícola, cinegética o forestal. Sólo en dos casos hay un proyecto de obra que nunca cumplió el recorrido administrativo oportuno. De los 73 chalés ilegales, 69 están en parcelas de menos de 1.000 metros cuadrados, superficie legal mínima para unas construcciones como las que se han realizado.

El Ayuntamiento de Zarra, según la denuncia de la Fiscalía, concedió licencias para casetas de aperos, almacén, local y refugio. Además, el pleno municipal aprobó licencias de obras provisionales, que nunca tenían que haber pasado por ese trámite. Para la Fiscalía, esos datos son suficientes para afirmar en la denuncia que se han vulnerado las normas más elementales del ordenamiento, que hay indicios más que suficientes de irregularidades en la actuación de Telyzan y que ha habido una patente ilegalidad.

El juzgado citará a declarar como imputados a cuatro concejales de la agrupación local independiente de Rubio y a los legales representantes de las tres empresas inmobiliarias que comercializaron las viviendas ilegales, especialmente en Reino Unido. Dejará para más adelante la citación a los propietarios, algunos en calidad de víctimas, porque compraron un producto terminado con apariencia de legalidad, y otros como imputados porque participaron del fraude. Según la Fiscalía, aún pueden aparecer más implicados en el caso.

La tesis de la trama se sostiene además por la coincidencia de la creación de dos de las tres sociedades inmobiliarias. Real Spanish nace en junio de 2003. Ayora Hills y Ayora Valley se constituyen en julio de 2003, cuatro meses antes de que el alcalde venda a su hijo la que resultará ser natural proveedora de viviendas para ambas.