Diez testigos detallaron al juez la corrupción del comisario de Ronda

El peso de las declaraciones de diez testigos protegidos, y las constantes contradicciones del inspector jefe José Antonio Rodríguez Romero, antiguo jefe de la comisaría de Ronda (Málaga), han hecho que José Óscar Roldán Pérez, titular del juzgado número 3 de Ronda, le mantenga acusado de cuatro delitos en la trama de corrupción policial por la que fueron detenidos 12 agentes hace dos años. Rodríguez, que llegó a la comisaría rondeña para poner orden en una plantilla con fama de díscola, está acusado de visitar prostíbulos como policía (omisión del deber de perseguir delitos), avisar a los dueños de estos negocios de las redadas para evitar que detuviesen a mujeres en situación irregular o para que eliminasen restos de tráfico o consumo de drogas (revelación de secretos y cohecho) y de abusos sexuales.

Un guardia civil implicado celebró un 'striptease' en el cuartel

El juez Roldán dispuso el jueves que el caso, por el que continúan imputados cinco policías y un guardia civil, pase a procedimiento abreviado, algo que permitirá a las partes solicitar un juicio oral. Dos años después de las detenciones, el juez ha decidido sobreseer provisionalmente las imputaciones de seis funcionarios y ha recortado la lista de imputaciones de los agentes que irán a juicio. En su auto, el instructor reconoce "dificultades" para investigar delitos como el tráfico de drogas en una localidad tan reducida como Ronda, con 36.000 personas censadas, donde todas las personas se conocen. En su escrito también incide que ha sido imposible localizar a una mujer que denunció a uno de los agentes por detención ilegal.

Con todo, el antiguo responsable de extranjería rondeño, Francisco Ramírez Gamarro, permanece acusado por los mismos delitos que Rodríguez, aunque en circunstancias distintas. Según el relato del juez, Gamarro tenía alquilada una casa al dueño de un prostíbulo, por la que cobraba "dinero" y le proporcionaban "en múltiples ocasiones" mujeres en situación irregular. "Realizó tocamientos (...) sobre personas de las que dependía su situación administrativa (...) por su jerarquía en el negociado policial de extranjería", recoge el auto, "incluso en su despacho de las dependencias policiales".

En el caso de Gamarro, el juez considera "decisivos" los testimonios de seis testigos y las "intencionadamente oscuras" respuestas que el agente dio ante el juez.

La causa arrancó con la investigación a dos agentes de escala básica -Antonio Ramírez y Diego Benítez- acusados de cobrar al club de alterne Los Nogales a cambio de protección. "Obtuvieron durante años cantidades de dinero que oscilan entre los 150 y 500 euros semanales cada uno y favores de naturaleza sexual de las mujeres que allí se encontraban", relata el juez. Los dos agentes también están acusados de fraude por poner un sello de la comisaría en un documento de empadronamiento y hacer creer a una ciudadana marroquí, a la que cobraron 600 euros, que así conseguiría su regularización.

Rosendo Sánchez, el único guardia civil detenido, está acusado de cohecho y omisión del deber de perseguir delitos. El fiscal, Valentín Bueno, ha aconsejado al juez que se informe a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil "acerca de un espectáculo de streptease supuestamente celebrado en el cuartel de Ronda" al que acudieron la camareras de un prostíbulo, y que relataron dos testigos y Sánchez. "Si bien no puede estimarse constitutivos de delito, son susceptibles de infracción administrativa", dice el juez.

La única persona ajena a la policía que continúa imputada es Sergio Flores, acusado de dos delitos de tráfico de influencias, por "hacer ostentación pública" en los prostíbulos de la relación sentimental que mantenía con la entonces juez titular del juzgado número 1 de Ronda y ofrecer influir en la juez a cambio de "favores de naturaleza sexual".