La cárcel, la ciudad y el arquitecto
El inicio del desarrollo del Plan General de 1997 sobre los terrenos de la cárcel de Carabanchel, por parte de Ministerio del Interior, ha reforzado y movilizado viejas reivindicaciones vecinales que reclamaban todo el suelo para equipamientos de distinto rango y carácter, todos ellos con un difuso contenido, y al mismo tiempo el mantenimiento de una parte del actual edificio de la cárcel invocando, para esta última reivindicación, el pretendido valor arquitectónico del edificio junto con su valor simbólico, memoria histórica de una cruel represión política que sus muros albergaron durante la dictadura franquista.
El Plan General fija para este suelo como uso dominante la vivienda libre, con una edificabilidad de unos 130.000 m², sin establecer por lo demás ningún género de protección sobre los edificios existentes. En el Protocolo suscrito entre el Ministro del Interior y el alcalde de Madrid, en marzo de 2008, las determinaciones del Plan fueron muy matizadas y enriquecidas, incrementando su atención a los intereses públicos y fijando como nuevos contenidos un nuevo hospital, un equipamiento municipal, unos servicios de gestión y formación de la administración de prisiones y un conjunto de viviendas cuyo número y edificabilidad se reduce sensiblemente respecto a la otorgada por el Plan General, e incluye, además, la obligación de destinar un mínimo del 30% a Viviendas de Protección Oficial (VPO). Dudo que, con un mínimo de honestidad intelectual y política, este programa pueda calificarse de una operación especulativa, incluso por los más demagogos de sus detractores.
En cuanto a su valor como memoria histórica, los redactores del plan parcial fuimos sensibles
Frente a las demandas de todo equipamiento creo que lo procedente, política y culturalmente, es completar, tramar y mejorar la ciudad existente. Porque una ciudad es un tejido complejo en el que se da una mezcla de usos, una diversidad tipológica, una trabazón de infraestructuras, y en la que el tejido residencial constituye su sustento sociológico y material. Todo lo contrario de la implantación de alveolos o quistes monofuncionales, por muy importantes que sean las actividades en ellos localizadas. La ciudad no es un agregado de parques temáticos.
El valor arquitectónico del edificio actual, incluso salvando su estado de deterioro ruinoso, es sin duda opinable. Para quien esto escribe, más que por sus dudosas excelencias arquitectónicas, su valor cabe destacarlo como referencia ya instalada en el paisaje urbano y, sobre todo, por su forma y tamaño. En definitiva, por su configuración como gran edificio panóptico. Valoración que, en su caso, exigiría su conservación íntegra y no la de un trozo de cárcel, la de una cúpula rodeada de brazos amputados o reducidos a uno o dos pedúnculos indiscriminados.
No, no es admisible culturalmente amputar la antigua cárcel convirtiéndola en un triste muñón. Si se decide su conservación, que sea como edificio íntegro, como contenedor de nuevas actividades compatibles con su forma y estructura y definidas y garantizadas por los organismos responsables.
En cuanto a su valor como materialización de la memoria histórica, como recuerdo y homenaje a los que aquí sufrieron la represión de la dictadura, los redactores del Plan Parcial en tramitación fuimos siempre sensibles a este hecho, muy presente a nuestra propia experiencia en los años de lucha por la democracia, y la memoria del documento técnico que sirvió al Protocolo al que he hecho repetidas referencias acababa con el siguiente párrafo: "La desaparición de la cárcel de Carabanchel, los nuevos equipamientos y viviendas que vienen a ocupar su solar vacío, no pueden, ni deben, borrar la memoria de los años dolorosos y oscuros de nuestra historia reciente, en que tantos hombres pagaron con su encierro durante años entre los muros de esta cárcel su lucha por la libertad, por la democracia. Un monumento, una estela, una sencilla placa, debe materializar nuestro recuerdo y homenaje a quienes aquí sufrieron para conquistar el aire libre que hoy respiramos".
En la última propuesta de ordenación se mantienen 40 metros de uno de los muros de la cárcel, debidamente consolidado como base de un posible memorial.
La elección de una u otra línea de actuación sobre este trozo de ciudad ha de ser, ante todo, una decisión política que a los poderes legítimamente constituidos en una sociedad democrática corresponde adoptar. Más allá de ello, el debate disciplinar, impulsado por intelectuales y profesionales, puede -como mucho, aunque no por ello menos importante- orientar e impulsar las decisiones políticas, pero nunca sustituirlas (Michel Foucault).
Personalmente, como redactor del Plan Parcial, ya en tramitación, he defendido -y sigo haciéndolo- que frente a la implantación de un conglomerado de equipamientos en un descampado, la opción de completar la ciudad haciendo ciudad es la más culta y eficaz para Madrid. En todo caso, otros tienen la palabra, ya que en última instancia, es el Ayuntamiento de Madrid quien tiene la responsabilidad de la última decisión.
Eduardo Mangada es arquitecto. Fue concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid (1979-1982) y consejero de Política Territorial de la Comunidad de Madrid (1983-1991).
