La Brilat denuncia el uso político de su ampliación

La polémica abierta en torno al recién publicitado perímetro de seguridad para la base militar General Morillo de Figueirido (Pontevedra) acaba de sumar un nuevo protagonista al debate. Ayer, fuentes de la Brilat tildaban de "instrumentalización política" el revuelo levantado alrededor de esa franja de 300 metros que afecta a un centenar de viviendas y varias naves industriales, además de terrenos edificables y comunales.

Desde la instalación militar afirman que "los ayuntamientos conocían el tema" y, sin embargo, "dejaron que se construyeran viviendas en la zona de seguridad sin prevenir a los interesados". Afirman que, a pesar de que la orden ministerial se acaba de publicar en el BOE (el pasado 8 de octubre), el suelo "lleva calificado desde los años 70 como campo de tiro, pero seguía siendo zona de seguridad".

Mientras proliferan las llamadas a "reconsiderar" la aplicación de esta orden desde los grupos políticos de los tres ayuntamientos afectados (Pontevedra, Vilaboa y Marín), la inquietud crece entre los vecinos, que muestran lo complicado de una convivencia entre militares y civiles. Estos últimos consideran "un abuso" la disposición y recitan el sinfín de "atropellos" sufridos a manos de los efectivos del ejército. El último terminó con la presentación, por parte de la Comunidad de Montes de Vilaboa, de un escrito de reclamación ante Defensa sobre 15,4 hectáreas aprovechadas por la base y cuya titularidad requieren los comuneros. La Brilat insiste: "No sabemos si va a tener consecuencias, eso lo tendrá que decir el Ministerio de Defensa", al que corresponde decidir si esos núcleos quedan o no excluidos del perímetro de seguridad.