Atienza: "No debe rebajarse la exigencia ambiental"

El presidente de Red Eléctrica de España (REE), Luis Atienza, dijo ayer que el medio ambiente "no tiene que ser el sacrificado" de la actual crisis, aunque sí reclama "más agilidad" de las administraciones en la tramitación de los proyectos empresariales, en especial en el ámbito medioambiental. Atienza ha dejado la presidencia de la Fundación Doñana 21, la primera que propugnó hace más de una década en España conjugar el desarrollo económico con la sostenibilidad, y en un entorno tan frágil y complejo como Doñana (Huelva).

Según Atienza, la salida de la crisis no va a depender de que se rebaje "el nivel de exigencia medioambiental" vigente. "Lo más importante del proceso de esta crisis es que no perdamos el tiempo a la hora de asentar las bases de lo que debe de ser un nuevo ciclo de desarrollo cuando pase el elemento coyuntural aunque extraordinariamente grave que estamos viviendo", señaló.

En su opinión, España no necesita rebajar las exigencias medioambientales, pero sí realizar "un esfuerzo importante" para agilizar los trámites administrativos de los proyectos empresariales, sobre todo en la actual coyuntura de "cambio de ciclo económico, paralización de la construcción e incremento del paro".

Simplificar

"Debemos hacer la vida más fácil a los proyectos de infraestructuras o empresariales, pero no debemos de caer en la trampa de identificarlo con rebajar los niveles de exigencia medioambiental, sino simplificar procedimientos y concentrar los análisis y los plazos para que no haya tiempos muertos y que los procesos no se alarguen innecesariamente", añadió.

Recordó que algunos estudios cifran en 80.000 millones de euros la inversión en infraestructuras pendiente en España de superar los trámites administrativos medioambientales, una cifra que equivale al 8% del PIB español.

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace criticó ayer que la gestión medioambiental en Andalucía se "subyuga" a las presiones de la industria constructora, turística o química, que "moldea las decisiones de la Junta dejando de lado la salud ambiental del territorio andaluz y el bienestar de sus ciudadanos". Para la entidad, el Gobierno andaluz se ha ido "alejando progresivamente" de las políticas ambientales "más básicas" desde la pasada legislatura, dictando "grandes principios" de protección que "no van acompañados de medidas reales".