El acusado de acoso inmobiliario aduce que le daba pena "ver a 15 niños en la calle"

La fiscalía y la acusación particular piden ocho años de prisión en total para los cuatro imputados (el propietario del inmueble y las tres personas que se lo alquilaron) en el caso de acoso inmobiliario supuestamente ocurrido en el barrio getxotarra de Neguri en 2003, en un piso de un palacete de lujo conocido como Casa Tangora. La vista comenzó ayer en un juzgado de lo Penal de Bilbao.

La defensa del principal acusado, Juan José R., alegó que permitió a un familia de etnia gitana vivir en el inmueble de su propiedad porque le "daba pena que hubiera 15 niños en la calle". Éste es el primer juicio que se celebra en Euskadi por acoso inmobiliario. Las acusaciones sostienen que e el inmueble llegaron a vivir 30 personas. Las imputaciones abarcan un delito contra la integridad moral y otros por destrozos, robo, amenazas y allanamiento.

El abogado de la acusación particular, Ignacio Imaz, explicó que su cliente residía de alquiler en la vivienda inferior, un dúplex, de un bloque de cinco alturas cuando el piso superior fue adquirido por el principal acusados. En ese momento, el denunciante ejerció su derecho de compra sobre la casa y "fastidió la operación inmobiliaria" al reciente dueño del piso superior, quien también quería comprar el inmueble de abajo.

Las acusaciones sostienen que entonces Juan José R. "metió a una familia de etnia gitana" en el piso de arriba para que "hicieran todo tipo de perrerías que consiguieran amilanar la voluntad" de sus clientes y que estos "acabaran vendiéndole el piso y poder hacer la operación inmobiliaria". Sobre la motivación para dejar entrar a la familia, el acusado dijo que "no tenían recursos, estaban en la calle" y la responsable del grupo era una señora que tenía a su cargo 15 niños y "cuatro o cinco hijas".