El Supremo presiona para evitar "sanciones ejemplarizantes"

En una insólita iniciativa de protesta, magistrados del Tribunal Supremo están respaldando con su firma un comunicado en el que califican de "inaceptables" las injerencias de "relevantes sujetos públicos" en relación con expediente disciplinario que tramita el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez de Sevilla Rafael Tirado. Los magistrados se refieren a las declaraciones de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega a EL PAÍS en las que rechazaba la sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado, que no ejecutó la condena de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle, que acabó presuntamente asesinando a la niña Mari Luz Cortés. De la Vega respaldaba la postura de la Fiscalía, que pide una suspensión de tres años para Tirado.

Los magistrados del Supremo reclaman en el comunicado que se respete la independencia del Poder Judicial. La mayoría de miembros de las salas Civil, Social, Militar y Penal, a excepción de algunos conservadores de esta última, están firmando el escrito. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso, sin embargo, han declinado hacerlo para no contaminarse frente a un eventual recurso del juez Tirado contra su sanción definitiva.

Carga de trabajo

Los firmantes del Supremo consideran "intolerable" todo intento de ejercer presión sobre el Poder Judicial y dicen que en la resolución pendiente sobre Tirado deberá valorarse la "situación real del juzgado" y su carga de trabajo. También plantean al Consejo del Poder Judicial, que tiene pendiente debatir el recurso presentado por la fiscalía para aumentar la sanción de Tirado, que no atienda políticas "justicialistas" o de "ejemplaridad" debidas a "motivos de oportunidad", en referencia a las peticiones tanto del Gobierno como del PP. Ambos han criticado por insuficiente la sanción al juez, y responsables de ambos partidos se han mostrado públicamente favorables a que el castigo se elevara.

Sin embargo, los magistrados del Supremo advierten: "El Poder Judicial está obligado a decidir sólo en derecho y exclusivamente sobre el caso, desatendiendo, por tanto, eventuales demandas sociales o políticas justicialistas y de ejemplaridad, debidos a motivos de oportunidad".