Un catalán en la corte constitucional

Se habla de la dificultad que encuentran el PP y el PSOE en consensuar un jurista catalán para el Tribunal Constitucional. Al estar en juego la decisión inapelable de esta corte de magistrados, supremos intérpretes de la Constitución, sobre si se adecua o no a ésta nuestro Estatuto, sospechan los unos y temen los otros que los iuspublicistas de Cataluña, dignos de tan alta responsabilidad jurídica por sus notorios méritos científicos, tengan un juicio previo favorable al Estatuto, expresado ya en sus escritos. Pero si existe el precedente nefasto de un profesor no catalán, el magistrado Pérez Tremps, recusado tan sólo por haber librado a la Generalitat un informe técnico sobre un tema autonómico general y con anterioridad al proceso estatuyente, ¿qué profesor catalán hay, de los elegibles, que no haya dejado de publicar, por puro prurito de servir al país en su especialidad, libros, artículos o dictámenes, objetivos y rigurosos, sobre derecho autonómico catalán, español o extranjero? ¿Ha de estarles vedado precisamente el mayor mérito contraído para ser magistrados por el mero hecho de ser catalanes o trabajar en Cataluña? Haber escrito sobre el nuevo Estatuto, que ya tiene más de dos años de vigencia, ¿es acaso un signo previo de estar de acuerdo o en desacuerdo con él?

La politización que el Partido Popular provocó en el Constitucional amenaza con un nuevo veto anticatalán

Guardo en la memoria la primera formación del Alto tribunal en 1981. Un sector del PSOE me hizo candidato por haber trabajado para él y el PSC en la redacción del texto constitucional y de los estatutos de las nacionalidades. Otro sector y la derecha se opusieron por ser yo "demasiado" autonomista. Miquel Roca se ofreció a proponerme si los socialistas no lo hacían. Al final entraron en el primer Tribunal Constitucional dos magníficos profesores de la Universidad de Barcelona, pero no catalanes, Ángel Latorre y Manuel Díez de Velasco. En una segunda ocasión, el PSOE sí me propuso, pero mi colega, el ex ministro franquista Manuel Fraga, me vetó. Hubo que esperar a 1992 para que Roca lograra del Congreso que mi antiguo colaborador de cátedra, Carles Viver, fuera el primer jurista catalán que llegara a ser miembro y, después, vicepresidente del Tribunal Constitucional. Se pretendió ver en ello una maniobra florentina de Miquel. Salí entonces en pública defensa de los valores científicos de mi compañero y de su imparcialidad como jurista catalán. Fue algo que demostró en todo su mandato y que le ha servido, entre otras cosas, para ser el más capaz y sensato de los redactores del nuevo estatuto. Sin los excesos inviables de un nacionalismo en plena rivalidad, su texto habría sido aprobado por las Cortes y debiera serlo en el Tribunal Constitucional.

Con todo, la experiencia de Viver como magistrado puso de relieve que su catalanidad era más un estorbo que un aval para la defensa del estatuto vigente. Eso sí, le exigió ganar en prestigio con juicios acertados y brillantes y esforzarse en razones al tratar de Cataluña, pero su probado catalanismo no añadió nada, más bien afectó a su delicada tarea, ya que, al estar en ultraminoría, se veía obligado, a veces, a concesiones tácticas para salvar, por mayoría simple, lo más importante. Además, él sabía que estaba allí para actuar como experto, no como catalanista.

Cataluña tiene juristas preparados y dignos de la magistratura constitucional. Pero la politización partidista que el PP provocó en el Tribunal Constitucional amenaza con un nuevo veto anticatalán y antiautonomista. Tal grave erosión del pilar central de nuestro Estado de derecho sólo se evitaría si los dos grandes partidos estatales renunciaran al partidismo, valorando más el saber de los candidatos que su voto futuro en la Corte suprema. Ahora bien, a mi juicio, partimos de un error catalán de base. La identidad nacional por sí misma no asegura el saber preciso ni una defensa más eficaz de la autonomía. Sí, en cambio, la correcta comprensión constitucional de ésta y su respeto técnico-jurídico, como demuestra el caso del profesor y magistrado Carles Viver. Todo jurista del Estado español tiene el deber técnico y ético de cumplir con esa comprensión y ese respeto. Cataluña y el resto de las autonomías han de exigir del Tribunal Constitucional tan sólo eso. La identidad catalana, vasca, gallega o castellana no pasa de ser una dignísima añadidura.

J. A. González Casanova es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.