Anticorrupción investiga a Castedo por un plan parcial

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, ha abierto diligencias penales contra Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y fraude, derivados del desarrollo del sector número 1 del plan parcial Benalúa Sur, cometidos durante su etapa de concejal de Urbanismo. Enrique Sanus, gerente de esa área y la empresa urbanizadora Prasa también están imputados por los mismos presuntos delitos. La decisión del ministerio público es consecuencia de una denuncia presentada por el Grupo Socialista municipal de Alicante el pasado mes de agosto.

El PSPV justificó el supuesto delito de prevaricación en el hecho de que Castedo y Sanus emitieron informes y resoluciones "que consideran injustas, ya que se asume el pago del 50% de los costes de urbanización, lo que supone un detrimento de las arcas municipales y, por tanto, del interés público y colectivo a favor del urbanizador". Esta decisión habría supuesto una rebaja en el coste de la urbanización estimada en unos 500.000 euros. El Grupo Socialista municipal también defendió en su denuncia que el supuesto tráfico de influencias se halla en "la actitud del gerente y la concejal desde el primer momento a favor y en defensa del interés urbanizador, aun por encima de los diferentes informes técnicos pertenecientes a distintos servicios".

Briones ha pedido, entre otros, la documentación del expediente y la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Alicante que ya anuló la pretensión del Ayuntamiento de asumir el 50% del coste de urbanización.

La alcaldesa de Alicante respondió a la decisión de Anticorrupción abrir diligencias penales por el trámite de este plan parcial con este breve y escueto comentario: "Lo esperado. La historia se repite". Briones ya denunció sin éxito a Castedo en el caso del supuesto trato de favor del Ayuntamiento al contrastista Enrique Ortiz, archivado por el Tribunal Supremo.

Mientras, la Fiscalía de la Audiencia de Alicante se ha inhibido en favor de su homónima de Valencia para que investigue la denuncia de un colectivo de El Comtat al director general de Energía por supuesto trato de favor a su hermana en la adjudicación de un informe del Plan Eólico. La Fiscalía de Alicante se declara incompetente porque, en su opinión, los hechos se produjeron en Valencia.