Los institutos acusan al Consell de manipularlos con fines partidistas

"En una comunidad como la nuestra, donde en 20 años la Administración no ha sido capaz de garantizar el correcto bilingüismo en todas las etapas del sistema educativo, hablar de trilingüismo", en opinión de Vicent Baguetto, director del instituto Joan Fuster, de Sueca (Valencia), "es una trampa".

"Es como si yo quisiera mañana dar todas las clases de Matemáticas de segundo curso de la ESO en inglés", añadió Ximo Carrión, del instituto Juan de Garay, de Valencia. "No digo que no implante el inglés. Pero si no tengo los medios, ni los profesores, ni sé si los alumnos me entenderán, no puedo dar la clase. Es absurdo. Los directores somos los más perjudicados por toda esta situación, porque estamos presionados por arriba por la propia Administración educativa y por abajo por los claustros de profesores que no aceptan las normas y el caos en los horarios".

La Consejería de Educación ha hecho desde junio cuatro "instrucciones" diferentes sobre cómo deben implantar los equipos directivos la Ciudadanía en inglés, pese a la suspensión cautelar parcial por parte del Tribunal Superior de Justicia, que rechazó la obligación de que Ciudadanía se evalúe en inglés.

"Lo que no se puede hacer es usar a los alumnos para una batalla política y partidista contra el Gobierno central, porque la Administración autonómica no puede secuestrar a los alumnos de esta forma", concluyó Peris.

Nadie sabe aún cómo acabará el choque frontal que existe en este momento entre la Generalitat y los diversos estamentos de la comunidad educativa, incluido un sector importante de los inspectores que se han negado -a través de un manifiesto público difundido por la asociación profesional mayoritaria Adide- a ejercer de "comisarios políticos". Los inspectores rechazan volver a entrar en las aulas de Secundaria "como en los tiempos franquistas", en mitad de una clase, para interrogar al profesor delante de sus alumnos, cumpliendo con las "instrucciones" dadas por escrito a los 123 inspectores del cuerpo autonómico.

La duplicidad de recursos movilizados por la Generalitat hacia Citizenship, para que un profesor de inglés traduzca al encargado de impartir la materia, tiene un coste estimado en documentos internos de la propia consejería de 8,5 millones de euros, mientras hay institutos donde faltan profesores y no se cubren las bajas. La amenaza de expedientes disciplinarios a quienes no se plieguen al esperpento organizado por la Generalitat, que son la mayoría de los docentes, llevó a los profesores de Ciudadanía a declarar la guerra a Camps y amenazar desde concurridas asambleas con paralizar la enseñanza pública si se expedienta a alguien. Las protestas de ayer son las primeras de un calendario que seguirá las próximas semanas.

Gemma Piqué, presidenta de la federación de padres y madres de alumnos, leyó el manifiesto en la concentración de ayer ante la Generalitat, convocada por la plataforma en la que se integran los sindicatos STEPV, CC OO y UGT, la federación de padres y Escola Valenciana, entre otros. Piqué replicó a Camps y dijo que "la política educativa del PP no es precisamente un ejemplo de coherencia. El PP quiere disfrazar de programas plurilingües su propio fracaso normativo. Para ellos, es como si la comunidad educativa no existiera".