Triquiñuelas contra el jurado popular
Las vistas con tribunales legos caen un 60% en 10 años al resultar largos y caros
La consigna no escrita en muchas sedes judiciales es evitar en lo posible los juicios con jurado popular, dado que son "costosos y largos" y porque determinados delitos son complejos de explicar a ciudadanos legos en derecho. Y ahora están en caída libre: se han reducido en un 60% desde 1998. Ese año, los jueces tramitaron por esa vía 785 asuntos. En 2007, apenas 327, según datos del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. La Asociación pro Jurado sostiene que judicatura intenta, mediante "triquiñuelas jurídicas, estrangular la institución del jurado".
Un tribunal está obligado a seleccionar a 11 ciudadanos (nueve titulares y dos suplentes) para enjuiciar a una persona sólo si la acusación contra ella es por homicidio o asesinato, coacciones, malversación de caudales públicos, allanamiento de morada, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos o incendio. Se les paga dieta, y comida y hotel cuando se reúnen a deliberar. Si la acusación contra el reo es por varios delitos, y al menos uno de ellos es distinto de los antes mencionados, entonces el hecho se juzga por los cauces normales.
La experiencia de los últimos 10 años revela las reticencias de jueces y fiscales a las vistas con jurado, dada la mayor dedicación y tiempo que necesitan. "Si un tribunal emplea un día en dirimir un juicio normal, con un jurado puede tardar una semana, o más", destaca un magistrado avezado en este tipo de juicios. Y aunque nadie lo confiesa en público, si se ve cualquier resquicio, se aprovecha para esquivar la institución del jurado.
Un fiscal de Madrid lo explica: "Es cierto que evitamos en lo posible las vistas con jurado. No tiene sentido movilizar a 36 ciudadanos, de los que luego se seleccionan once, para juzgar, por ejemplo, un allanamiento de morada. En este caso, se imputa también una tentativa de robo, lo que permite realizar un proceso normal". La memoria de la Fiscalía del Estado de 2005 tilda de "excesivos" los medios "personales y materiales" que hay que emplear para juzgar delitos no sumamente graves, como el del "allanamiento de morada", y pide una reforma que elimine del conocimiento del jurado delitos como éste. El informe aboga por simplificar la labor de los miembros del tribunal popular, eximiéndoles de tener que juzgar delitos "tan técnicos" como la malversación de caudales públicos. El 46% de las causas elevadas al jurado entre 1995 y 2005 fueron con preso; la mayoría por asesinato u homicidio. Un 88% de los casos sobre los que se pronunció el tribunal de ciudadanos legos resultó con una sentencia condenatoria, según el Poder Judicial.
"Se está estrangulando la institución"
La Asociación pro Jurado está muy disgustada con el ninguneo que se está dando a esta institución "desde la judicatura y la fiscalía". Su presidente de honor, el jurista Gustavo López Muñoz, asegura que mantiene un pleito ante el Tribunal Supremo por la negativa de la Audiencia de Canarias a enjuiciar mediante un jurado el caso de un hombre de 88 años que mató a su mujer. Señala que su cliente cometió un asesinato, pero los jueces isleños, para no convocar el jurado, han añadido un delito de vejaciones a familiares.
"Ni jueces ni fiscales han querido nunca el jurado", asegura López Muñoz: "Sólo pudo establecerse a los 20 años de su previsión constitucional. Y, una vez puesto en marcha, están intentando estrangularlo, reduciéndolo al máximo para que se elimine por su poca utilización".
Muñoz asegura que ningún ciudadano se ha negado a intervenir en un jurado, una labor por la que se remunera a los ciudadanos. "Ningún juicio se ha suspendido por incomparecencia de los miembros del jurado", apostilla López Muñoz.
Muñoz señala que, en realidad, en España no existe un jurado como el de otros países. Porque sólo se le permite intervenir en muy pocos delitos; y, además, "cuando éstos se dan, como los asesinatos, tratan de encajar otros delitos para que, por la vía de la conexidad excluyente, los saquen del conocimiento del jurado". "Otra cosa que también se está haciendo es reducir a faltas delitos típicos del jurado", añade.
El presidente de la Asociación pro Jurado es partidario de ampliar el abanico de delitos susceptibles del jurado. "La violencia de género", opina, "debería incluirse entre ellos, y otros muchos más".
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