Jueces y fiscales piden medios para resolver 144.714 casos pendientes

El año judicial arrancó oficialmente ayer en Galicia con reivindicaciones de jueces y fiscales, no sólo de más medios humanos y materiales para mejorar el funcionamiento del sistema y cuando menos paralizar la creciente acumulación de casos (144.714 pendientes al finalizar 2007), sino también con propuestas de programas de apoyo y atención profesional paralelos en conflictos de violencia doméstica, maltratos y delincuencia juvenil. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reclamó que, como en el caso de la muy retrasada instrucción de la catástrofe del Prestige, se constituya, antes de noviembre, un juzgado de apoyo (con juez, secretario y funcionarios) para evitar el colapso de la Sala de lo Mercantil de A Coruña que se hace cargo de la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, la mayor declarada ante un tribunal español.

El presidente del Tribunal Superior cree insuficientes las nuevas unidades

La crisis propicia que se acumulen casos en los juzgados mercantiles

El juez debería dedicarse sólo a este caso "de evidente complejidad" por involucrar a "bancos, entidades de crédito, compradores de vivienda, promotores y trabajadores", destacó Antonio González Nieto, presidente en funciones del alto tribunal gallego. La crisis económica hace que cada vez se acumulen más asuntos en el Mercantil de A Coruña, advirtió, y por eso es urgente un refuerzo, con la creación de un juzgado temporal.

Tanto el responsable del Tribunal Superior como el fiscal jefe, Carlos Varela, coincidieron en poner el acento, en sus discursos de ayer, en la necesidad de establecer programas de apoyo en materia de violencia doméstica. Son eficaces, dijo González Nieto, las medidas de protección de la víctima y el alejamiento del agresor. Incluso el número de litigios se estabilizó en la comunidad autónoma, con reducciones "ligeras" en A Coruña y Lugo. "Un reto importante es el desarrollo de programas efectivos de reeducación para maltratadores", destacó el fiscal de Galicia. El hecho de que el aún experimental programa autonómico puesto en marcha por psicólogos forenses de la Academia de Seguridade Galega no funcione coordinado con los órganos judiciales "es absolutamente contraproducente", aseveró, por su parte, el presidente en funciones del tribunal superior al reclamar que se involucren no sólo jueces, sino médicos, sociólogos y la propia administración con medidas "formativas y educacionales".

El fiscal superior fue más allá en las reivindicaciones al abogar por la mediación, conciliación y reparación del daño causado en casos penales de menores, "un instrumento socioeducativo idóneo" que requiere crear equipos técnicos especializados en delincuencia juvenil. Varela abogó también por fomentar la mediación, antes de llegar a procesos judiciales, en casos de conflictos entre parejas. Aminoraría, dijo, los casos que llegan a los tribunales, ya saturados cuando aún no se ha empezado a notar el aumento de asuntos debido a la reforma del Código Penal, que obliga a pasar por un juzgado un delito como el de conducir sin permiso. El fiscal se mostró partidario de adoptar medidas de atención y tratamiento, combinadas con las condenas, para delincuentes sexuales peligrosos y con posibilidades de ser reincidentes.

A la espera de que se decida el día 20, en la comisión mixta Xunta-Tribunal Superior, dónde se crearán las nueve unidades anunciadas por Madrid, González Nieto reiteró que las medidas puestas en marcha este año no fueron suficientes. Es especialmente elevada no sólo la cifra de casos pendientes, sino el número de sentencias que no se ejecutan. Hay que variar los objetivos, centrados en resolver casos, para garantizar que se cumplan las penas impuestas, dijo el responsable del alto tribunal.

González Nieto sigue en funciones desde hace casi dos años, por culpa del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. "Es intolerable", criticó el conselleiro de la Presidencia, José Luis Méndez Romeu, "que las instituciones permanezcan en precario tanto tiempo".