El regidor de Baiona se ampara en los técnicos ante el juez

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, y otros miembros de su gobierno prestaron ayer declaración en el Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo por un supuesto delito de prevaricación formulado por el fiscal en relación con la concesión de una licencia urbanística. El promotor de la obra denuncia que para obtener el permiso le solicitaron el pago de 1,8 millones de euros a Jesús Pérez Gil, dueño del hotel-balneario Talaso y primo del asesor jurídico municipal, Juan Colón, que realizó el informe en que se ampara el alcalde.

La acusación prevé ampliar las imputaciones al abogado Juan Colón

El litigio se suscitó en marzo de 2007, a partir de la petición de licencia de la promotora sevillana Herederos de Concepción Taboada del Río para construir en una parcela que el plan general cataloga como suelo urbano consolidado. El Ayuntamiento no la denegó inicialmente, pero tampoco la concedió, lo que determinó a la promotora, sobrepasados los plazos legales (tres meses), a considerarla otorgada por silencio administrativo. En febrero último, la Xunta de Goberno local la denegó expresamente aduciendo que la parcela no reunía la condición de solar.

La solución, según la propuesta municipal, era la creación de un "área de reparto" con otra parcela colindante y de menor edificabilidad, propiedad de la misma promotora salvo 27 metros cuadrados, pertenecientes a la casa de Pérez Gil, dueño a su vez del hotel Talaso, que ofrece "alojamiento de lujo y relax" a los pies de Cabo Silleiro y sobre el que pesa orden de demolición desde hace dos años.

Pérez Gil y su primo Juan Colón, según el testimonio de Jaime González-Vallarino, administrador de la promotora, le señalaron en reiteradas ocasiones que no obtendría licencia municipal para construir en la primera parcela si no pagaba 300 millones de pesetas a Pérez Gil para constituir el área de reparto con la segunda parcela.

Vázquez Almuíña defendió ayer la actuación municipal amparándola en los informes técnicos. Los incorporados al procedimiento judicial son los del arquitecto municipal, que señala que el proyecto de construcción de la promotora cumple los requisitos legales, y los del asesor jurídico, Juan Colón, y de la secretaria municipal, que reproduce los criterios del anterior.

Ambos informes insisten en afirmar que la parcela no reúne las condiciones de suelo urbano consolidado (redes de saneamiento y abastecimiento, electricidad, teléfono...) y que por tanto ha de someterse a un procedimiento de distribución de cargas y beneficios. La fiscalía, avalada por un informe de la Consellería de Política Territorial, sostiene, sin embargo, que la parcela en cuestión no sólo está incluida como suelo urbano en el plan general, sino que además cumple con todos los requisitos de la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga), que prohíbe las áreas de reparto en suelo urbano consolidado, "hecho éste conocido por los autores de la resolución, quienes denegaron arbitrariamente y sin justificación la licencia solicitada", apunta el fiscal.

Ayer, la concejal de Urbanismo, Ana Simons, no pudo explicar de modo coherente por qué el Ayuntamiento, si era lo que procedía, no denegó la licencia de obras cuando fue solicitada. Hoy declararán otros dos concejales. El delito de prevaricación conlleva la inhabilitación para ejercer un cargo público. La acusación particular, si el proceso sigue en vía penal, prevé añadir otros delitos concurrentes, como el de tráfico de influencias, y ampliar las imputaciones a Juan Colón, que compatibiliza las asesorías jurídicas municipales de Baiona, Salvaterra y Salceda, al menos, con su condición de abogado de promotoras que actúan en esos ayuntamientos.