La trama del agua late bajo la moción de censura de Calp

Fue uno de los grandes escándalos del pasado mandato y aún está pendiente de resolución judicial. Ahora, el caso Aguas de Calpe, por el que la empresa mixta del abastecimiento de esta población habría pagado un sobrecoste de más de un millón de euros por obras para sanear la red pública del agua, se ha convertido en el gran caballo de batalla de la moción de censura que dará la alcaldía hoy al edil del Bloc Nacionalista Valencià Ximo Tur, apoyado por el PP y el PSD.

La moción desbancará del poder al PSPV y a su alcalde, Luis Serna, así como a la otra concejal nacionalista del Consistorio.

Uno de los imputados es concejal del PP en la localidad

Aguas de Calpe pagó un millón de más por obras de la red de saneamiento

Tur ya ha advertido de que su nuevo gobierno procurará pasar página para que la presunta trama del agua no perjudique a una empresa que depende del Ayuntamiento. Sus nuevos socios del PP secundan la idea. Tienen entre sus filas a uno de los imputados, el edil popular y diputado provincial Juan Roselló, que era concejal de Aguas en 2004 cuando se aprobaron las polémicas obras, así como al propio cuñado de Roselló, Francisco Artacho, representante de la empresa a la que se adjudicaron los trabajos. En cambio, los socialistas consideran que en Calp se ha cometido un fraude muy grave que debe investigarse hasta el final y por eso han aprovechado los pocos días que les quedaban de gobierno hasta el voto de censura para personarse como acusación en el proceso judicial.

Para ello, se amparan en un dictamen de técnicos de la propia Consejería de Industria y Comercio que revela sobrecostes en la empresa del agua. Estos se produjeron sobre todo en los movimientos de tierras para las obras de saneamiento. En ese capítulo, Aguas de Calpe gastó 790.256 euros para movimientos que no se llegaron a hacer. Por ese motivo, la consejería, en la comisión de control de precios, ha impuesto al Ayuntamiento la rebaja de la tarifa del agua. El PP pretendía financiar en el recibo del agua 3,3 millones de euros de las obras y ahora sólo se podrán cobrar 2,2 millones de los bolsillos de los vecinos de Calp.

Los populares adjudicaron las obras durante la pasada legislatura, cuando gobernaban con mayoría absoluta, a la empresa Obras Hidráulicas del Levante, que hasta el momento se dedicaba al reparto de propaganda mediante el sistema de buzoneo, no tenía ninguna vinculación con este tipo de obras, carecía de trabajadores y disponía de un capital social de 3.000 euros. En ese momento estalló el escándalo, que se amplificó cuando se supo que el cuñado de Roselló había actuado como representante de Obras Hidráulicas. Ésta última tuvo, además, que subcontratar las obras a Montubo, que sí tenía experiencia en este campo y que fue la que terminó por ejecutar las actuaciones.

Además de Roselló y Artacho, también hay otros cuatro imputados: Francisco Zorrilla, gerente de Aguas de Valencia; José Alberto Mut, gerente de Aguas de Calpe; Jesús Lara, ex administrador de Obras Hidráulicas, y Salvador Ibarra, administrador de Montubo. El juez les imputa presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida para funcionarios. En marzo de 2006, la Unión de Consumidores (UCE) se personó en el caso para defender los intereses de los ciudadanos.

Desde la oposición, PSPV y Bloc actuaron juntos para denunciar todas estas irregularidades, pero cuando ambos partidos formaron gobierno tras las elecciones de 2007, Ximo Tur comenzó a marcar distancias con los socialistas; y mostró su desinterés en castigar al PP por la trama. De hecho, se alió con los populares a la hora de aprobar un préstamo para Aguas de Calpe de un millón de euros e impuso al PSPV, según ha reconocido este último, la presentación de un recurso contra la resolución de la Generalitat donde se desvelaba el supuesto fraude. También logró que se designara para secretario del consejo de administración de la empresa a una persona vinculada a Aguas de Valencia, en vez de a un funcionario, y bloqueó la designación de un abogado que defendiera los intereses del Ayuntamiento en la trama.

Los socialistas transigieron. "Tur amenazó con romper el pacto que entonces manteníamos con él", asegura el edil Joan Morató. Sin embargo, una vez que el portavoz del Bloc ha decidido emprender un nuevo viaje político con el PP, los socialistas se han sentido libres para denunciar todas estas situaciones. Eso sí, cuando están a punto de pasar a la oposición.

El informe de Industria alerta de que las obras de Aguas son defectuosas, lo que puede provocar serias deficiencias en el abastecimiento en el futuro. Así, advierte de que 16 de los nuevos tramos de red "se encuentran en un estado crítico o inadecuado".

El PSPV ha seguido rastreando en la gestión del PP en el pasado mandato ante su regreso al poder hoy mismo. Y ha encontrado más cosas. Los socialistas anunciaron que pondrán en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción una recalificación de suelo aprobada por el gobierno del entonces alcalde popular, Javier Morató, en contra de los criterios de los técnicos "y de los intereses del propio Ayuntamiento", aseguran en el PSPV.

La recalificación tuvo lugar en 2005 y posibilitó que una parcela de 14.000 metros cuadrados en la partida de Rafol pasara de suelo rústico a dotacional, lo que provocó un aumento de su valor. Lo más llamativo del caso es que el propio Javier Morató admitió esta actuación en el pleno del pasado junio. "De la noche a la mañana, a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería, ya que con la nueva calificación aumentaban a 2.903 las unidades de aprovechamiento urbanístico a las que tenían derecho", relató el ex alcalde de Calp.

Morató justificó esta actuación explicando que desde hacía tiempo su gobierno negociaba con los propietarios para que le vendieran su parcela, que el Ayuntamiento había ocupado por error para instalar una carpa. A pesar de la recalificación, los dueños de los terrenos decidieron no venderlos y denunciaron al Consistorio por ocupación ilegal. En mayo de 2008, un juzgado dio la razón a los propietarios, por lo que el Ayuntamiento, ya gobernado por el PSPV, tuvo que desalojar la carpa e iniciar el expediente de expropiación forzosa de la parcela, asunto que se debatía en el pleno de junio en el que el propio Morató reveló la polémica recalificación. De ahí que los socialistas hayan enviado un vídeo del pleno a la Fiscalía. El PSPV también ha llevado gastos sin expediente de contratación de la etapa popular por 14 millones de euros.