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Un jefe de medio ambiente, ante el juez por el 'parany'

Doce cazadores, imputados por esta práctica prohibida

María Fabra

La Fiscalía ha remitido a un juzgado la denuncia presentada contra el director territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Castellón, Jorge Traver, y doce paranyers, imputados como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente por la práctica de este sistema de caza, que está prohibido. La denuncia fue presentada en octubre 2007 por el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen).

Los ecologistas acusan al Consell de no actuar ante las denuncias

En su escrito, Gecen documentó la ubicación exacta de centenares de paranys que trasladó a la Consejería de Medio Ambiente. Pero ésta no actuó. Para los ecologistas, esta inacción demostró que la Administración no denunciaba "simplemente porque no quería, y no por falta de información". Gecen denunció ayer el "menosprecio absoluto" que el Consell manifiesta por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Supremo y del Tribunal de la Unión Europea, que prohíben este sistema de caza al considerarlo "no selectivo". Los cazadores preparan los árboles para colocar varillas pringadas de una sustancia viscosa en la que quedan atrapadas las aves. La caza se centra en el tordo, pero también afecta a especies protegidas, por lo que no es selectiva.

En su denuncia, Gecen señalaba que el parany es un método de caza que "supone la comisión de delito relativo a la protección de la fauna, por lo que quien tiene la responsabilidad de hacer cumplir las sentencias judiciales e impedir la caza con parany y no lo hace, teniendo pleno conocimiento de los hechos delictivos, comete prevaricación por omisión".

Fuentes del departamento que dirige José Ramón García Antón señalaron que "siempre" se ha hecho cumplir la legislación. En un comunicado, indicaron que no sólo se ha hecho un seguimiento, sino que se está realizando un "enorme esfuerzo" para hacer efectiva la prohibición y para perseguir todas y cada una de las infracciones. El año pasado se abrieron 156 expedientes sancionadores. La consejería añade que "todas las denuncias que llegan a la dirección territorial son investigadas tras lo cual se inicia el expediente sancionador".

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