El TSJ solicita funcionarios para enviar jueces de apoyo al 'caso Fabra'

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anunció ayer que enviará los dos jueces y dos secretarios judiciales de refuerzo a los juzgados de Nules, donde se investiga el caso Fabra, cuando la Consejería de Justicia haya asignado los medios materiales y humanos que le corresponden. El PP ya adelantó la semana pasada que la previsión de la Generalitat es que no se cubran las plazas de funcionarios interinos de esos nuevos juzgados de primera instancia e instrucción números 1 bis y 2 bis de Nules hasta el año que viene. Así lo dijo la diputada popular Asunción Quinzá en las Cortes. Los populares, por otra parte, se han negado a aprobar diversas mociones de la oposición que instaban a reforzar el juzgado que instruye el caso que afecta al presidente de la Diputación de Castellón.

La sala de Gobierno del TSJ hizo público ayer un acuerdo en el que reclama a la Consejería de Justicia que comunique la fecha en que los juzgados de refuerzo "contarán con los medios materiales y personales necesarios para la efectividad de la medida", tras haber recibido luz verde del Consejo General del Poder Judicial para "el llamamiento en adscripción de dos jueces sustitutos" destinados a Nules. El acuerdo fue adoptado por el Poder Judicial el pasado día 11 de septiembre.

El TSJ indica que "el inmediato llamamiento de los jueces sustitutos" y el nombramiento de los secretarios judiciales sustitutos se realizará cuando los juzgados bis cuenten con los medios reclamados, que son competencia de la consejería. Y plantea dos alternativas: o bien "el nombramiento en régimen de tres funcionarios para cada uno de los juzgados" o bien otras fórmulas como "prolongaciones de jornada" de la plantilla actual, que ya está muy sobrecargada.

El problema, según fuentes de Justicia, es que las plazas para el funcionariado han de crearse, trámite que requiere de plazos que se prolongan durante unos meses. Otra opción es la de asignar funcionarios de un cupo que, anualmente, se reserva para los refuerzos, una especie de bolsa en la que se asignan puestos dos veces al año.

Después de casi cinco años de instrucción de un caso sobre presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal, y tras el paso de ocho jueces y cuatro fiscales, la Sala de Gobierno del TSJ solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en julio, una medida de refuerzo para el juzgado número 1 de Nules, entre otros. La petición se realizó justo una semana después de que la consejería asignara emplazamiento al cupo de funcionarios de refuerzo, que no volverá a distribuirse hasta enero.

La solicitud de la sala del TSJ se realizó después de que el CGPJ recibiera dos quejas formales sobre la lentitud en la instrucción y el Congreso debatiera varias interpelaciones. Aunque todo apuntaba a que el CGPJ aprobaría el refuerzo debido, al margen del escándalo suscitado en la opinión pública, a los niveles objetivos de saturación, la Consejería de Justicia no ha puesto en marcha la maquinaria para la dotación de medios hasta que el juez bis ha sido aprobado definitivamente por el Consejo y por el Ministerio de Justicia.

En el caso de que el Consell hubiese optado por la creación de plazas de funcionarios, el proceso estaría ya concluido y los funcionarios podrían estar asignados al mismo tiempo que la plaza para los jueces bis. Sin embargo, ahora, aunque la Consejería de Justicia optase por esta posibilidad, habrán de pasar otros dos meses hasta que Economía dote de presupuesto las plazas y se asignen. Todo parece indicar que los juzgados bis de Nules no estará operativos antes de enero de 2009. Para entonces, el caso Fabra habrá cumplido un lustro.