La juez envía a prisión sin fianza al presidente de la inmobiliaria Contsa

José Salas Burzón fue enviado ayer a prisión sin fianza. El empresario sevillano es el propietario de Contsa Corporación Empresarial, una maraña de sociedades dedicadas a la promoción, compra-venta e inversiones inmobiliarias que daba suculentos intereses muy por encima del mercado -hasta del 30% anual- a quienes les prestaban dinero para financiar sus negocios. Bajo la apariencia de un boyante negocio, Contsa ofrecía a particulares y sin publicidad generalizada en los medios, intereses astronómicos por cantidades relativamente pequeñas de dinero, que multiplicaban por hasta 15 veces el tipo de interés de la banca tradicional.

Contsa ha dejado a a deber más de 86 millones de euros a 1.653 acreedores

Los peritos califican la actividad de Contsa de "estructura piramidal"

El pasado mes de noviembre de 2007, Contsa empezó a dejar de pagar a sus clientes. En febrero de este año presentó un concurso voluntario de acreedores (suspensión de pagos), y tras de sí ha dejado a 1.653 inversores con una deuda de 86,8 millones de euros (unos 14.500 millones de las antiguas pesetas), según los peritos judiciales encargados de auditar las cuentas de la sociedad.

Salas Burzón está acusado de diferentes delitos societarios, entre ellos los de estafa piramidal, falsedad, insolvencia punible y alzamiento de bienes. Ayer, tras pasar varias horas declarando ante la juez de Instrucción número 17 de Sevilla, Salas Burzón fue enviado a prisión sin fianza.

La de ayer era la tercera declaración judicial de Salas ante la juez de Instrucción. En las anteriores, responsabilizó a su hermano -que se suicidó semanas antes de la suspensión de pagos- de todo lo relativo a la contabilidad y finanzas de las empresas de Contsa Corporación Empresarial.

Pese a que las operaciones financieras que Contsa realizaba eran, a simple vista, sospechosas de acarrear riesgos elevados para los inversores y carentes de garantías en caso de fracasar, como ha ocurrido, lo cierto es que Salas tenía un acreditado prestigio entre sus cientos de clientes que durante años disfrutaron de unas rentabilidades exageradas al amparo del boom inmobiliario. Muchos de ellos han contado que llevaban años "prestando" su dinero y el de sus familiares a Salas, y que "siempre había cumplido". El propio Salas explicó ante los medios que su empresa invertía en inmuebles, acudía a subastas judiciales, y que obtenía grandes rentabilidades por sus transacciones.

Pese a los impagos, sólo tres personas, a título individual, denunciaron por lo penal a José Salas, lo que ha mantenido hasta ahora abierto dos procedimientos, uno en el Juzgado de Instrucción 17 y otro en el Mercantil de Sevilla por el concurso de acreedores.

Ayer, en su declaración ante la juez de Instrucción, Salas fue interrogado sobre algunos movimientos y operaciones económicas, realizadas pocas fechas antes de suspender pagos, en las que derivó activos a familiares y vendió otros para pagar indiscriminadamente deudas de inversores y con las que perjudicó aún más la salud de la firma.

El agujero económico que deja la compañía es de 86.821.335,62, según informaron los administradores concursales, quienes determinaron activos por 28.466.956,25 euros y un pasivo de 115.288.291,87 euros. Además, el número de acreedores ascendía a 1.653.

Estos datos contrastan con los que José Salas declaró al Juzgado Mercantil cuando pidió el procedimiento concursal. Según Salas, sus activos estaban valorados en 79.870.023,18 euros y sus deudas sólo de 49.399.202,92 euros. Asimismo, Salas atribuía a "un problema de liquidez" los impagos a los 603 acreedores que decía tener.

Los administradores judiciales afirmaron además en su informe de auditoría que Contsa se dedicaba a la "captación de fondos en estructura piramidal", y que 29 de los supuestos acreedores son entidades vinculadas a la propia Contsa por accionariado, unidad de gestión o domicilio social. Los peritos judiciales afirman de esos acreedores que "todas ellas giran en torno al propio presidente de la empresa, José Salas Burzón, su esposa o hijos menores".

Curiosamente, Salas Burzón, sólo había sido denunciado por la vía penal por tres de las personas que se sintieron estafadas en la gestión de sus inversiones. Al resto de acreedores, en su mayoría pequeños inversores particulares además de sociedades y empresas, los había convocado el próximo jueves para realizarles una oferta de pago, del 50% del dinero adeudado en un plazo de cinco años.