Llegar con empleo, vivir sin trabajo

Pasaron meses desde que un empresario ofreció trabajo a Adolfo en su país de origen, Colombia, hasta que consiguió poner en orden todos los papeles para venir a España. Cuando por fin llegó, casi un año después, el constructor que le quería contratar estaba al borde de la quiebra. Gustavo aterrizó en Barajas en agosto, se encontró con visado de trabajo y sin el empleo que venía a cubrir.

Es una historia que se repite. Los trámites para contratar a personal en origen tardan entre ocho y diez meses. En ese tiempo, la coyuntura económica ha cambiado y las necesidades de mano de obra, también. Cada vez son más los inmigrantes que llegan a España convencidos de que serán contratados, y se encuentran en una situación de alegalidad, según explica Joaquín Aguilar, técnico de empleo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Para obtener el permiso de residencia necesitan que antes de un mes tras su llegada les den de alta en la Seguridad Social, en la misma ciudad y en el mismo sector donde fueron reclamados. De lo contrario, el visado con el que vinieron legalmente no les sirve de nada y pasan a ser irregulares.

El empresario que tenía intención de contratar a Adolfo no le podía dar trabajo, pero aceptó hacerle un favor: le daría de alta en la Seguridad Social para que obtuviera los papeles. Pero no podía ni pagarle un sueldo ni la cuota, que Gustavo abona cada mes desde hace dos. Para poder hacerlo consiguió un empleo irregular por el que cobra 850 euros, con los que paga los 550 de Seguridad Social. Ahora tiene papeles, pero cotiza por un trabajo que no hace y, el que hace, no le da para vivir.

La situación parece enrevesada, pero es frecuente, según Aguilar. "Sobre todo ocurre en la construcción. Los empresarios necesitaban hace meses peones y ahora, a lo mejor tienen la obra parada", explica.

Cada vez más

CEAR no tiene datos de cuántas personas están en esta situación, "es imposible saberlo". Pero asegura que en los últimos meses crecen sin parar. "Es una situación complicada, porque las necesidades de las empresas en este tiempo han variado mucho y no se les puede obligar a que contraten a gente que no necesitan", sostiene Aguilar.

Algo similar ha sucedido en el grupo Vips, cuyos restaurantes se caracterizan por sus políticas de integración de inmigrantes: contratan en origen a familiares y amigos de trabajadores que ya están en España. Según Comisiones Obreras, en los últimos meses llegaron decenas de ellos cuyos servicios ya no eran necesarios. Es el caso de Sahli, de origen marroquí. Cuenta que esperaba un contrato de 25 horas semanales. Al poco de llegar recibió un correo electrónico que empieza así: "En estos momentos no hay puestos de trabajo vacantes en el grupo Vips". La empresa también le hizo un favor: aunque no le necesitaba, le contrató diez horas para que pudiera cotizar y regularizar su situación. Fuentes de la cadena de restaurantes aseguran que habían avisado a los inmigrantes antes de que llegasen a España, pero a pesar de ello, vinieron. "Una vez aquí no podíamos dejarles tirados", dicen esas fuentes. Sin embargo, con el sueldo que cobra, Sahli tiene que pedir dinero a su familia para mantenerse.

Otros muchos no tienen ni eso. Dejaron todo en sus países y cuando llegan ven cómo la crisis les ha dejado en el limbo antes de conseguir los papeles.