Orihuela cierra el escándalo de la basura con otra contrata

El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP con mayoría absoluta, cerró ayer el escándalo de la contrata de basura por un supuesto soborno a ediles de la corporación de uno de los grupos aspirantes en el primer concurso, con la adjudicación del servicio a la UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. El contrato está valorado en 190 millones de euros por un periodo de 20 años. El grupo adjudicatario ha sido el mejor puntuado por los técnicos de la mesa de contratación. En segundo y tercer lugar quedaron las propuestas de los dos grupos protagonistas del escándalo del soborno y que acabó por frustrar el primer concurso, Colsur, del empresario Ángel Fenoll, y Urbaser, respectivamente.

El supuesto intento de soborno fue difundido en marzo de 2006 por el empresario Fenoll. Éste, según una cinta grabada, sostenía que Urbaser llegó a ofrecer 3 millones de euros a ediles de la corporación, entre ellos el ex alcalde popular José Manuel Medina, por hacerse con el contrato. La difusión de la cinta obligó al entonces regidor a declarar desierto el concurso y convocar un nuevo pliego, cuyo proceso acabo ayer con la adjudicación por parte del pleno a la oferta de Sufi. La grabación de Fenoll provocó, a su vez, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, cuya primera consecuencia fue el arresto del industrial y cuatro miembros de su entramado empresarial. El sumario de este caso sigue bajo secreto un año y medio después.

No obstante, la polémica sobre el multimillonario contrato no ha terminado. El grupo popular se quedó solo a la hora de dar el contrato a la UTE que lidera la firma Sufi. Los tres grupos de la oposición votaron en contra por entender que en el segundo concurso ha habido "nuevas irregularidades".

El portavoz del grupo Centro Renovador Liberal, Joaquín Escurra, fue más allá y aseguró tener "pruebas" sobre la posibilidad de que detrás del accionariado de una de las firmas de la UTE ganadora, en concreto, Liasur, está, mediante empresas superpuestas, el empresario Ángel Fenoll. Escurra ha remitido un escrito con esas pruebas a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante para que lo incluya en la investigación judicial abierta.

Mientras, el equipo de gobierno local, a través del portavoz adjunto del grupo popular, David Costa, negó esa acusación y defendió la "independencia y legalidad" del proceso de adjudicación.