Estafados convertidos en espías

Sus vacaciones fueron diferentes. Dedicaron su tiempo libre a deambular por el aeropuerto de L'Altet, vigilar las oficinas de Riviera Invest y seguir los pasos de Roch Tabarot, presidente de Riviera Coast, la empresa inmobiliaria a la que la Policía le atribuye una presunta estafa de 60 millones de euros que afecta a centenares de propietarios en Alicante.

Sin embargo, la Audiencia Nacional dejó en libertad, con una fianza de 100.000 euros, aunque con la prohibición de abandonar España, al presidente Tabarot y al consejero delegado, Francisco Fernández, por un presunto delito de apropiación indebida.

"Hay delitos del siglo XXI pero tenemos una Justicia del XX"

Los afectados por la presunta estafa empezaron a organizarse a mediados de julio. Algunos propietarios oyeron rumores de que la empresa iba mal, tenían otros negocios en el extranjero y se estaban "fugando con dinero". La primera cita fue en una cafetería, luego se organizó otra asamblea, mucho más multitudinaria en la Universidad. "Fuimos a inmobiliarias, a los garajes, pusimos anuncios en prensa y llamamos a vecinos y conocidos, así localizamos a 200 propietarios afectados", recuerda Agustín Sancho, propietario de seis estudios en la primera fase por los que pagó 180.000 euros. Llegó a cobrar beneficios durante 22 meses, pero desde abril no ve ni un euro. En estas reuniones acordaron constituirse en asociación de afectados para personarse ante los juzgados.

Miguel Cancela, otro afectado, y el abogado José Luis Escobar asumieron las riendas: "Nos llamaron discretamente para seguir a Tabarot". Los afectados se distribuyeron en patrullas y vigilaron por turnos al empresario. "Estuve una tarde en el aeropuerto esperando su coche, y no llegó, y cuando me volvieron a llamar ya fue el día que lo pillaron", asegura Sancho. La tarde del miércoles 10 de septiembre se precipitó toda la operación. En el aeropuerto de L'Altet había decenas de propietarios montando guardia, tenían la confirmación de que Tabarot y otros cinco socios pretendían coger un avión privado para irse a Casablanca (Marruecos).

El abogado, José Luis Escobar, relata que el momento álgido fue cuando comunicaron al juzgado de guardia, al fiscal de Alicante que los autores de la presunta estafa se iban a ir. También presentaron sendas quejas ante la Audiencia Nacional y el CGPJ "de que se iban y no había orden de detención, porque el juez de la Audiencia, Santiago Pedraz, no ordenó nada, fue la Policía la que intervino", afirma Escobar, que decidió plantarse en la Comisaría de L'Altet y denunciar: "Estos presuntos estafadores se escapan, así que sólo tenemos dos opciones o los detienen ustedes o lo haremos nosotros". La Policía entonces les escoltó hasta el avión y les detuvo con la intervención de la Brigada de Asuntos Económicos de Madrid. Los estafados, que se convirtieron en espías por unos días, respiraron tranquilos cuando vieron, y grabaron con sus cámaras la detención. "Fue de película", resume Miguel Cancela.

Enrique Brehem, otro de los afectados, recuerda con pasión aquel momento. "Había más de 20 personas en el aeropuerto y teníamos claro que o lo cazaba la Policía o nosotros". Durante las semanas que espiaron al empresario estuvieron en contacto permanente con la Brigada de Delincuencia Económica de Madrid. Tenían todo registrado, horarios, reuniones, coches de lujo, viajes a Ibiza para ir a fiestas privadas, amistades o las comidas en el restaurante Emilio de Alicante. La sede de la empresa, ubicada en la anterior sede del Liceo Francés en La Albufereta, también fue vigilada durante días. "Era indignante ver el nivel tan alto en el que se movían, y nosotros sin cobrar, una desfachatez tremenda", asegura Brehem, que acabó invirtiendo en la residencia Ulyss porque su padre y el de Tabarot eran pied-noirs argelinos que escaparon cuando la Guerra de la Independencia. "Eran amigos y se conocían, yo antes de firmar pregunté en Francia y me dijeron que era un negocio rentable y fiable".

Ahora tras semanas de ser protagonistas de esta película de espionaje, los afectados no ocultan su desazón y frustración al ver cómo este empresario ha pagado la fianza y está en la calle. "Hay delitos del siglo XXI, pero tenemos una justicia del siglo XX, que estas personas después de atribuirles una presunta estafa de 70 millones de euro estén libres es muy fuerte. ¿Qué sistema judicial tenemos?", se pregunta Sancho. "La indignación es total, los ánimos están por los suelos. Sólo aspiramos a recuperar la gestión de los estudios", admite Brehem.