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Aficionados y antitaurinos rechazan la normativa de 'bous al carrer'

La consejería de Gobernación se niega a facilitar datos de sanciones

María Fabra

Sólo algunos reyes, la iglesia y las guerras han logrado la prohibición generalizada de espectáculos taurinos que, en la Comunidad Valenciana, se celebran tanto en plazas como en calles. La Generalitat ha tratado de "regularizar" los festejos que se celebran en la calle, los bous al carrer, con varios decretos. El último no gusta ni a aficionados ni a antitaurinos, que se manifiestan en un momento en el que el saldo de fallecidos este año se eleva a cuatro, mientras que los heridos superan los dos centenares.

Els bous al carrer mueven cientos de miles de euros anualmente. Ganaderos, montadores de plazas y cadafales, servicios médicos y hosteleros se mueven alrededor de los festejos que plagan programas de fiestas de pueblos que, en una semana, atraen a más gente que durante el resto del año.

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La Generalitat ya aprobó, en 2002, el reglamento para la celebración de festejos, que marcaba medidas de seguridad, sanitarias y de protección a los animales. Ya entonces incluyó la prohibición de que participaran menores de 16 años en estos espectáculos. "Intentamos que se cumpla", señala el presidente de la federación de asociaciones de bous al carrer, Juan Carlos Paricio. Las propias asociaciones de defensa de bous al carrer admiten que son ellos quienes más interés ponen en que se cumpla el reglamento. Pero, al mismo tiempo, reconocen que "es muy complicado" porque los recintos son muy grandes y, en ocasiones, incluso carecen de agentes de la policía local. En cualquier caso, no deberían ser ellos quienes vigilaran y, aunque las visitas de la policía autonómica se han incrementado un 35%, según el propio Paricio, en la mayoría de los casos son los organizadores quienes velan por el cumplimiento de esta norma.

La Consejería de Gobernación, de la que dependen los espectáculos taurinos, se ha negado a aportar datos sobre las sanciones impuestas. Ni el número, ni la cantidad, según indicaron fuentes del departamento que dirige Serafín Castellano, alegando que se trata de datos de uso exclusivamente interno.

En 2003, con la ley de espectáculos públicos, se incorporaron nuevos requerimientos y se limitaron responsabilidades. El año pasado, la Generalitat elaboró otro decreto con el que pretende intensificar las medidas relativas a las instalaciones de plazas portátiles. Sin embargo, la aplicación de éste se ha aplazado a 2010 y, en cualquier caso, el decreto no gusta a nadie.

La plataforma antitaurina insiste en la necesidad de abrir un debate en el que "la gente pueda expresar qué tipo de fiestas quiere para sus pueblos", según apuntó Luis Falcó. Según su punto de vista "las medidas son mínimas y el riesgo cada vez mayor".

Pero entre los aficionados también hay voces que reclaman al Consell que se cuente con ellos. Es el caso de la recién creada plataforma 2010, organizada para exigir que la nueva norma incluya "las voces de todos los sectores implicados" ya que "se ha redactado desde el desconocimiento de la idiosincrasia del festejo, lo que limita sus posibilidades".

De momento, els bous al carrer siguen siendo un espectáculo en el que el grado de intervención de la autoridad es mínimo. Así, el carácter popular no sólo no mengua sino que, en un mundo tan normalizado, parece crecer. Sin embargo, los festejos provocan que, durante días enteros, muchos vecinos, a los que no se pregunta, se encuentren secuestrados en sus propias casas, viviendo dentro de un recinto taurino.

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