Una vez rojo

Aceptar que la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía aprobado en 1981 contenía lo que se acabaría denominando deuda histórica fue un error. En el tenor literal de dicha disposición no hay nada que ni remotamente permita llegar a esa conclusión, ni mucho menos es posible alcanzarla mediante una interpretación sistemática de la misma, ya que basta poner en conexión la mencionada Disposición Adicional con la Disposición Transitoria Sexta para darse cuenta que en la Disposición Adicional simplemente se contenía un mandato a las Cortes Generales, a fin de que se tuviera cuenta "las circunstancias socioeconómicas de Andalucía" en la financiación inicial de los servicios transferidos, es decir, en el momento de la inicial puesta en marcha de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A esa financiación inicial y nada más que a esa financiación inicial se refería la Disposición Adicional Segunda. En consecuencia, desde un punto de vista jurídico, la llamada deuda histórica es un puro disparate, que no debió haberse aceptado nunca.

Pero no ha sido un error exclusivamente jurídico, sino también un error político. Andalucía ha conseguido con un esfuerzo inmenso salir de la situación subalterna en que había quedado en España desde el inicio de la edad contemporánea. La reciente publicación de las balanzas fiscales ha venido a certificarlo y empieza a ser reconocido en los informes sobre la economía española que Andalucía se ha convertido en uno de los motores de dicha economía. Pero a los prejuicios es muy difícil erradicarlos y el prejuicio de la Andalucía subsidiada, que sigue viviendo a costa del esfuerzo de los demás, todavía sigue en circulación en bastantes regiones españolas. En algunas de manera interesada, incluso a sabiendas de que no se corresponde con la realidad. Reclamar una supuesta deuda histórica por unas "circunstancias socioeconómicas que impiden la prestación a un nivel mínimo de los servicios efectivamente transferidos" más de 25 años después de haber estado ejerciendo el derecho a la autonomía es dar alas al prejuicio al que acabo de referirme y, en consecuencia, tirar piedras contra nuestro propio tejado.

Pero es que, además, la deuda histórica es imposible de cuantificar de una manera objetiva y razonable. No hay ninguna investigación científica que avale la determinación de la cuantía de la deuda histórica. Ni la va a haber. Ni puede haberla. En consecuencia, la cuantificación va a ser completamente arbitraria, sea cual sea la cantidad en la que se la cuantifique.

Justamente porque la cuantificación no es determinable con criterios científicos, la posibilidad de que se alcance un acuerdo es muy reducida por no decir que ninguna. La deuda histórica va a ser un instrumento de desgaste del Gobierno de la Junta de Andalucía del que va a hacer uso el PP e IU, que fueron los partidos que pusieron en circulación dicho concepto en la nefasta legislatura de la pinza.

Más vale una vez rojo que ciento amarillo, dice el refrán. El Gobierno debió haberse atenido a dicho refrán hace ya mucho tiempo, de tal manera que la deuda histórica hubiera desaparecido de nuestro debate político. Pero si no hizo cuando debió hacerlo, debería hacerlo ahora sin perder más tiempo. El debate sobre la deuda histórica es un debate completamente estéril, que no nos va a permitir obtener financiación adicional de verdad y que únicamente va a dañar nuestra imagen en el resto del Estado.

Es obvio que para el Gobierno de la Junta de Andalucía cerrar un acuerdo con el Gobierno de la nación va a tener un coste, porque la acusación de claudicación por parte del PP e IU, y por supuesto del PA, está garantizada. Pero más coste tendrá no poner fin al disparate.