El Superior establece el tribunal que juzgará a Ibarretxe antes de fin de año

El lehendakari ya sabe quiénes le van a juzgar. Antes de que concluya este año, según la previsión temporal que manejan fuentes judiciales, Juan José Ibarretxe se sentará en el banquillo junto a dos dirigentes del PSE -Patxi López y Rodolfo Ares- y cinco de la ilegalizada Batasuna -Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y Juan José Petrikorena- por las reuniones que mantuvieron durante la pasada tregua de ETA. La llamada Sala del 77 del Tribunal Superior ha dejado definitivamente fijada, a través de un auto fechado el pasado martes y hecho público ayer, la terna de magistrados que verán la causa al rechazar la recusación planteada por el Foro Ermua, a la que se adhirió la Fiscalía, contra uno de ellos: el presidente de la Sala de lo Social del Superior, Manuel Díaz de Rábago. Junto a él, juzgarán el caso Ibarretxe otro magistrado de lo Social, Juan Carlos Benito-Butrón, y un penalista, Antón Subinas.

El tribunal debe resolver sobre la petición de pruebas antes de fijar la vista

La decisión de la Sala del 77, contra la que no cabe recurso alguno, cierra un largo rosario de recusaciones y decisiones judiciales que se pusieron en marcha apenas hizo público a finales del pasado octubre el instructor de la causa, el magistrado Roberto Saiz, el auto por el que abría juicio oral. En el camino de ese proceso han quedado los tres magistrados que inicialmente iban a constituir el tribunal: el propio presidente del Superior, Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García -contra ambos actuó la defensa del lehendakari- y Nekane Bolado -recusada por el Foro Ermua, una de las dos acusaciones populares-.

El último trámite por resolver era la petición del Foro Ermua para que Díaz de Rábago fuese apartado de la causa con el argumento de que había perdido la imparcialidad y se había pronunciado en diferentes ocasiones en medios de comunicación en contra de la ley de Partidos y a favor de un diálogo sin exclusiones, cuestiones relacionadas "de manera esencial con el fondo del asunto" que será juzgado.

La Sala del 77 -así llamada por el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativo a las recusaciones contra magistrados de tribunales autonómicos o audiencias provinciales- rechaza que esas manifestaciones supongan en Díaz de Rábago un interés directo en la causa. La Sala especial del Superior recuerda que buena parte de ellas se produjeron antes incluso de que se incoara el caso Ibarretxe y cuando no era miembro de la sala que debería juzgarlo, a la que se incorporó en mayo por el turno de sustitución de sus miembros.

Respecto al contenido de las manifestaciones de Rábago, la Sala del 77 analiza cada una de las cuestionadas y no entiende que afecten a su imparcialidad. Por ejemplo, sobre el hecho de que el magistrado suscribiese en 2003 un manifiesto sobre una mesa de partidos, indica que "se trata de una declaración difusa e indirecta" con un enunciado general "donde no se hace mención de siglas o fuerza políticas". Y, en términos generales, recuerda en otro momento la doctrina del Constitucional de que "los jueces y magistrados gozan del derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones, sin perjuicio de los deberes de discreción y reserva" sobre las cuestiones sometidas a su jurisdicción.

Ya sólo queda en esta causa que se señale la fecha para el inicio del juicio, pero el tribunal juzgador debe resolver antes sobre las peticiones de prueba de las partes. La más compleja es la propuesta del Foro Ermua de solicitar al centro de diálogo suizo Henri Dunant como prueba documental las actas de las reuniones que enviados del Gobierno central y ETA mantuvieron durante el pasado alto el fuego. Si el tribunal la acepta, debería tramitarse a través de una comisión rogatoria, lo que podría retrasar la vista.

Ibarretxe, López y Ares están encausados como cooperadores necesarios de los delitos de desobediencia cometidos por los dirigentes de Batasuna por desoír la sentencia de su ilegalización. El Foro Ermua pide dos años y nueve meses de cárcel para Ibarretxe, nueve meses para los dirigentes del PSE y entre uno y cuatro años para los de Batasuna, además de penas de inhabilitación. Dignidad y Justicia, la otra acusación popular, pide entre uno y tres años de cárcel para los encausados. Fiscalía y defensas coinciden en que no hay delito.