Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Política Territorial reclama a los alcaldes que no generen nuevos barrios

La conselleira anima al ministerio a completar el deslinde marítimo-terrestre

La Consellería de Política Territorial escenificó ayer con la Federación de Municipios e Provincias de Galicia (Fegamp) la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la aprobación inicial de las Directrices de Ordenación Territorial, un documento al que la Xunta otorga la condición de estratégico. El presidente de la Fegamp, el alcalde socialista de Ames, Carlos Fernández, consideró tras recibir una copia de las directrices de manos de Caride que se trata de un proyecto "de país" que "viene a saldar una deuda histórica".

La consellería publica en el DOG las Directrices de Ordenación

Del documento que desde ayer y durante dos meses estará expuesto al público, Caride destacó una determinación: la apuesta por los desarrollos urbanísticos "compactos en torno a los núcleos que ya existen". "Se trata de incrementar el tamaño de los núcleos en lugar de generar nuevos asentamientos", explicó la conselleira, después de reunirse durante media hora con Fernández. Las directrices recuerdan a los alcaldes la necesidad de apostar por ese modelo urbanístico en sus respectivos planes de ordenación.

Esta determinación, una de las 197 incorporadas a las directrices, suponen en la práctica la apuesta por la consolidación de los barrios ya existentes frente a la creación de otros nuevos, con el objetivo de armonizar el crecimiento de las ciudades y villas y prevenir la urbanización difusa, de mayor impacto social, económico y paisajístico. Ese modelo también mejora la movilidad y la accesibilidad del territorio y favorece la dotación de servicios a los nuevos asentamientos.

Las Directrices de Ordenación de Territorio aportan "criterios" para que los ayuntamientos puedan elaborar su planeamiento municipal. Por ejemplo, que fijen sus necesidades de suelo residencial para 12 años o para que los planes urbanísticos tengan en cuenta el parque de viviendas vacías y apuesten por su rehabilitación. "Son el documento que el país necesitaba, resuelven muchas deficiencias que tenemos en Galicia en materia de ordenación del territorio y permiten que el territorio se convierta en un valor estratégico de desarrollo", declaró Caride.

El documento que publicó ayer el DOG es el mismo que la conselleira y el presidente de la Xunta presentaron públicamente el pasado 27 de junio. Pese a que entonces se anunció que las directrices se publicarían la siguiente semana, Política Territorial ha retrasado los procesos de exposición pública "para que coincidan con el inicio del curso político", según explicó la consellería en un comunicado.

Carlos Fernández aseguró que las directrices "satisfacen las demandas planteadas desde el ámbito local", entre ellas "la necesidad de un pacto por el territorio". El regidor de Ames no dudó de que los ayuntamientos presentarán alegaciones al documento, pero aseguró que se realizarán "con ánimo constructivo". El presidente de la Fegamp reclamó tiempo para hacer una lectura más "calmada y técnica" de las directrices de Ordenación Territorial.

Otra de las determinaciones del proyecto consiste en culminar el deslinde marítimo-terrestre, que en las provincias de A Coruña y Pontevedra está todavía al 80% y al 86% del total, respectivamente. Frente a las protestas de afectados, que pierden la titularidad de sus propiedades en zona de dominio público, la conselleira recordó que los deslindes se hacen por imperativo legal, en aplicación de la Ley de Costas de 1988. Caride apostó por estudiar "al detalle" los casos conflictivos, pero consideró fundamental completar el deslinde: "No es una tarea sencilla, pero hay que completarla".

En parecidos términos se expresó el presidente de la Fegamp, que abogó por solucionar los casos en los más conflictivos "ayuntamiento por ayuntamiento". Reconoció que hay alcaldes "preocupados", pero fue tajante al afirmar que la ley "hay que aplicarla". El portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, en cambio, denunció la "aplicación irracional" de la ley, para ejecutar "una expropiación encubierta" de "miles de casas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de septiembre de 2008