El Consejo culpa a la Junta y a la secretaria del 'caso Mari Luz'

El Consejo del Poder Judicial describe un caos de organización y anomalías en el juzgado de Sevilla que dejó sin ejecutar durante más de 26 meses la sentencia sobre el caso Mari Luz, la niña de Huelva supuestamente asesinada por el pederasta Santiago del Valle.

Según la resolución de la Comisión Disciplinaria, que impone una multa de 1.500 al juez Rafael Tirado, la culpa de que Del Valle estuviera libre no es sólo del juez. También lo es de "la secretaria", de "la Junta de Andalucía", del "fiscal" y de los funcionarios judiciales.

La decisión de imponer sólo una pequeña multa al juez Tirado fue adoptada por la mayoría de votos que suman los dos vocales conservadores de la comisión disciplinaria y un tercer voto del vocal independiente Agustín Azparren. Las dos vocales progresistas, del total de cinco vocales que integran esta comisión -María Ángeles García y Monserrat Comas- se opusieron a la multa y votaron a favor de catalogar muy grave la conducta de Tirado. La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para definir cuándo cabe tipificar "como falta muy grave" la "desatención" de un juez sobre un asunto. Señala que el Supremo entiende como falta muy grave cuando la desatención es "manifiesta e inexcusable" y por parte del juez existe "una dejación absoluta". Es decir, "una generalizada falta de atención o cuidado" en sus asuntos. Según el Consejo, no concurre esta situación en el caso del juez Tirado, cuyo nivel de productividad fue de un 140% en 2007. En cambio, el Consejo sí entiende que el juez debió poner orden en el desbarajuste que había en la sección de ejecución de sentencias, y de ahí la multa de 1.500 euros.

La comisión disciplinaria esparce la responsabilidad del crimen de la niña en una cadena de anomalías achacables, además de al juez, a la secretaria del juzgado -que no ejecutó "lo que el juez ya le había ordenado"-; a la Junta de Andalucía -que actuó como acusación particular y luego adoptó una postura "pasiva" con la sentencia, y al fiscal -cuyo estatuto le obliga a velar por la ejecución del fallo-. También culpa a la "muy justa plantilla de funcionarios" del Juzgado Penal 1 de Sevilla.

La vocal progresista María Ángeles García emitió ayer su voto particular contrario al acuerdo final, que se une al de su colega Comas. En síntesis, expone "que la concurrencia de una pluralidad de incumplimientos" no debe ser una "compensación" para aminorar la responsabilidad de unos y otros, incluida la del juez, cuya "desidia en el cumplimiento del deber" siguió incluso después de las inspecciones de su juzgado. Los nuevos vocales del Poder Judicial tendrán que estudiar este caso y decidir si ratifican o no esta sanción.

Por otra parte, un grupo de diputados castigó ayer con su voto a Margarita Robles y a Margarita Uría en la elección de la mitad de los nuevos vocales del Poder Judicial. La votación era secreta, pero previsiblemente fueron diputados del PP los que tacharon los nombres de la ex secretaria de Estado de Interior y de la ex diputada del PNV, respectivamente.