El Estado elude su responsabilidad en el Yak-42

El abogado del Estado, dependiente jerárquicamente del Gobierno, cree que el Estado carece de cualquier responsabilidad en la falsaria identificación de 30 de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, cuando volvían de Afganistán en mayo de 2003, a pesar de que los tres médicos militares acusados de falsedad de documento oficial cumplían órdenes.

En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional, rechaza la responsabilidad civil subsidiaria del Estado y pide que, en todo caso, se deduzcan de posibles indemnizaciones las cantidades abonadas al amparo de un decreto ley de 2004. Ese decreto indemnizaba con 140.000 euros a los herederos de fallecidos en misión de paz, mientras que ahora se dilucida el daño moral sufrido por las familias que tuvieron que exhumar y volver a enterrar a sus parientes a los 20 meses de la tragedia o que nunca recibieron sus cuerpos porque fueron incinerados por error.