El alcalde de O Pino se resiste a cumplir las bases del concurso que él redactó
El regidor debe disolver el contrato con la constructora si ésta suspende pagos
El concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) presentado por Martinsa-Fadesa el mes pasado privará a la promotora de desarrollar el parque empresarial que construye en el municipio coruñés de O Pino. Las bases del concurso público que adjudicó el polígono industrial a la inmobiliaria obligan al ayuntamiento a resolver el contrato, dada la situación económica de la inmobiliaria.
Según reza en la claúsula 29ª del pliego de condiciones de la adjudicación, "la suspensión de pagos, quiebra o cualquier otro tipo de situación de insolvencia de la sociedad concesionaria" son causa de "resolución del contrato".
Pese a que Martinsa-Fadesa solicitó hace más de mes y medio la mayor supensión de pagos de la historia de España -por valor de 5.200 millones de euros-, el alcalde que aprobó las bases del concurso público, Manuel Taboada, del PP, todavía no ha adoptado ninguna decisión para revocar la polémica adjudicación, tal y como le reclaman los vecinos propietarios de las fincas.
De hecho, el último acto administrativo de Taboada va exactamente en la dirección contraria. El regidor ha recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el auto del Juzgado número 3 de lo Contenciso de A Coruña que revocó la decisión del alcalde de desestimar -por considerarlos fuera de plazo- los recursos de un grupo de propietarios de terrenos contra el precio de la expropiación fijado por el ayuntamiento en 6,05 euros por metro cuadrado. El auto de la sala de lo contencioso-administrativo implica que los dueños del 60% de la superficie que ocupará el parque industrial (600.000 de un millón de metros cuadrados) tienen derecho según el Xurado de Expropiación de Galicia a percibir 17,53 euros por metro cuadrado, el triple de lo fijado por el Gobierno municipal. De continuar con el polígono, Martinsa-Fadesa estaría obligada a pagar 7 millones de euros más por los terrenos y a presentar un aval de garantía por 60 millones de euros para hacer frente a nuevas reclamaciones.
El pasado mes de mayo la promotora puso precio al polígono empresarial ubicado a 17 kilómetros de Santiago. Los directivos de la gestora de suelo encomendaron a la consultora inmobiliaria Richard Ellis que sacará al mercado el parque empresarial por 93 millones de euros. El comprador tendrá que abonar además 2,8 millones a Richard Ellis en concepto de comisión. Y mientras las máquinas han dejado de trabajar en la inmensa explanada de un millón de kilómetros cuadrados que linda con el Aeropuerto de Lavacolla. Dos decretos de paralización de la Dirección Xeral de Patrimonio y de Augas de Galicia mantienen en vía muerta el proyecto que acumula varias causas en los tribunales.
La juez de Arzúa que investiga al regidor de O Pino por dos presuntos delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio acaba de dictar una providencia por la que llama a declarar en calidad de testigo al ex concejal de Obras, Antonio Giadanes Míguez, encargado de supervisar los trabajos de Fadesa en el parque empresarial.
66.000 arboles talados
El caso parte de una denuncia de los vecinos contra el regidor por permitir que Fadesa empezase las obras sin tener licencia y antes de que se hubiera iniciado el proyecto de urbanización. El propio Taboada negó en el juzgado que la constructora hubiera empezado las obras y alegó que la tala -de 66.000 árboles según consta en el expediente del juzgado- eran en realidad "labores de desbroce en el marco de un convenio con la Consellería de Medio Rural para prevenir incendios, dada la cercanía del aeropuerto.
Sin novedad en la Alcaldía
Iba camino de convertirse en uno de los parques empresariales más atractivos de la comunidad. A 20 minutos de la capital de Galicia, pegado al Aeropuerto de Lavacolla y con acceso garantizado a la futura autovía Santiago-Lugo, el polígono de O Pino goza de una privilegiada ubicación en una comarca lastrada por la falta de suelo industrial. Pero la polémica tramitación mantiene varado el proyecto desde hace año y medio.
Dos decretos de las consellerías de Medio Ambiente y Cultura han frenado los trabajos de las máquinas. Augas de Galicia mantiene abierto un expediente sancionador contra Martinsa-Fadesa y su subcontrata, Arias Hermanos Construcciones, por realizar rellenos sin la licencia preceptiva de Medio Ambiente. La orden partió de una denuncia de la Guardia Civil que culpó a las obras de "desviar cauces de arroyos". Taboada estampó después su firma en el proyecto de urbanización, el mismo día en que expiraba el plazo de alegaciones, coincidiendo con la orden de paralización de Patrimonio.
Todavía el viernes, el regidor acordó denegar la convocatoria de un pleno extraordinario solicitado por la oposición. El alcalde comunicó a PSOE y BNG "lo innecesario" de la sesión, ya que no existe novedad alguna al respecto en la Alcaldía". Taboada añade que "no hay motivos para pensar que la situación de la sociedad, conocida por todos, vaya a afectar de momento a la ejecución de las obras".
