"Hay oscurantismo en la labor del fiscal para el ciudadano"

Es la responsable de trasladar a los ciudadanos el trabajo del ministerio público. Le preocupa que la Justicia no dé respuestas adecuadas, rechaza el silencio, el secreto o las sombras sobre las decisiones de los fiscales. Considera que la transparencia es una herramienta indispensable e indiscutible de acercamiento de las posibilidades del servicio que el ministerio público puede dar al ciudadano. Susana Gisbert es, además, fiscal de la sección de Violencia sobre la Mujer. Se define comprometida con los problemas sociales y sostiene que un modo de contribuir a resolverlos es desde la posición de fiscal.

Pregunta. ¿Qué función realiza la portavocía?

Respuesta. El fiscal es el garante de los derechos de los ciudadanos. Uno de los derechos de los ciudadanos es recibir una información veraz y tiene que garantizar ese derecho.

"A algunos les cuesta entender que la prensa no es un enemigo"

"La descentralización no funcionará sin una dotación seria de medios"

P. ¿Hay un objetivo concreto de esta fiscalía?

R. Teresa Gisbert, fiscal jefe provincial de Valencia, ha querido tener un portavoz, aunque podría haber asumido esa responsabilidad ella, porque evidentemente hay una vocación de transparencia hacia la prensa y de que se disponga de toda la información. Es mucho mejor que la información que se maneje sea veraz, salga directamente de nosotros a que tenga que obtenerse de otras fuentes que no siempre son tan veraces.

P. ¿Cómo entiende el ciudadano al fiscal?

R. Hay una especie de oscurantismo sobre la labor del fiscal, que incluso trasciende a las propias esferas judiciales. Por ejemplo, hay muy poca gente que sabe que la categoría de un fiscal es exactamente la misma que la de un órgano judicial o un juez. Se piensa que las decisiones realmente importantes son las del juez y que el fiscal está solamente acusando. Y el fiscal acusa, claro, pero lo que hace es defender el interés del Estado. Hay un enorme desconocimiento, y en parte es por estamentos, no diría políticos, e instituciones.

P. ¿De quién es aliado la fiscalía?

R. Del ciudadano. Esto es un servicio público, sin ningún género de dudas. Esa es la concepción que se está impulsando desde la fiscalía, tanto en la jurisdicción penal para denunciar delitos y faltas como para las distintas especialidades. La fiscalía tiene órganos especializados como medioambiente, víctimas, cooperación internacional, seguridad vial, siniestralidad laboral, violencia sobre la mujer... Si se conociera más, la investigación podría ser más profunda que irse directamente a un juzgado de guardia. Una vez el tema está en un juzgado, la fiscalía ya no puede investigar.

P. El procedimiento, ¿acerca o aleja a la fiscalía del ciudadano?

R. La fiscalía es más cercana al ciudadano. Una razón es la propia definición, el mandato de la función que tenemos asignada. Pero también por medios personales. En la carrera judicial, los jueces, parece que tienen a ocultarse, a parapetarse, hay cierto secretismo, cierta reserva. Y creo que debe tender a todo lo contrario. Es importante que la gente conozca la labor del fiscal.

P. ¿Qué grado de acompañamiento hay del conjunto de los fiscales en ese objetivo de transparencia?

R. Hay compañeros enormemente colaboradores, que toman incluso la iniciativa cuando tienen un asunto que creen que puede interesar. Hay otros que tienen reservas, pero que acaban colaborando. Y hay quienes están completamente cerrados a esa aproximación a los medios de comunicación. Cuesta, a algunos, hacerles comprender que la prensa no es un enemigo.

P. ¿Cómo colaboran en esa labor la Administración, los secretarios judiciales o los jueces?

R. Respecto a la Administración sólo puedo decir que nadie se ha puesto en contacto con esta portavocía. Los secretarios judiciales sí acompañan en este objetivo, dependemos mismo centro de estudios jurídicos, hacemos los cursos de formación conjuntos. Los jueces colaboran escasamente, pero tienen un gabinete propio, aunque creo que a veces lo utilizan más como medio de defensa que como de información.

P. ¿Está bien protegido y ejecutado el derecho a la información?

R. Creo que protegido sí. Ejecutado, depende, como todo, de los medios materiales. Funcionamos sin dedicación exclusiva y eso hace que no siempre podamos dar respuesta a las necesidades que se generan cuando ocurre algo que despierta gran interés periodístico.

P. ¿Es una responsabilidad políticamente incorrecta?

R. Sí. Un ejemplo reciente fue el de las declaraciones del consejero de justicia, Fernando de Rosa, sobre el gasto de los fiscales en taxi a cargo del dinero público. Esa situación nos obligó a salir, a responder, cuál es la labor del fiscal, cómo se realiza, qué medios tenemos y desmontar así una imagen de despilfarro que en ningún caso se ajusta a la realidad.

P. ¿La descentralización de la fiscalía se percibe como una ventaja o no?

R. En pleno siglo XXI, abrir un debate sobre la idoneidad o no del fiscal esté en Mislata o en Llíria, por hablar de Valencia, tiene mucha menos importancia de la que ha alcanzado. En materia de Menores no hay nada desplazado y nadie se lleva las manos a la cabeza porque un caso de Gandia venga a Valencia.

Habría otros debates, como por ejemplo los medios tecnológicos, que serían más productivos y que de abordarse darían una mejor respuesta a las exigencias de este servicio público. La descentralización, que ya tiene precedentes, no funcionará sin una dotación seria de medios materiales y humanos. Hay que tener presente que no hay un fiscal por cada órgano judicial y ninguno está adscrito ni a los juzgados de Lo Penal, ni a Lo social ni a la Audiencia. Por tanto, los desplazamientos, más o menos, tienen que seguir existiendo. Hay otras prioridades, creo.

P. ¿Cuáles?

R. No tenemos una policía judicial, peritos, son insuficientes los recursos de la Unidad de Valoración integral contra la violencia sobre la mujer, no tenemos un oficial secretario propio que pueda dar testimonio de nuestras calificaciones si es necesario, lo que supone que haya que buscar un secretario de un juzgado que lo haga. Es una buena cosa que existan fiscales en los distintos partidos judiciales, sin duda, pero eso no funcionará si no se aumenta la plantilla de fiscales y si no se dota a la fiscalía de medios técnicos y humanos muy necesarios.

P. ¿Cuán lejos o cerca está la reforma para que la instrucción descanse en el fiscal?

R. Aunque ideológicamente parece que es una de las prioridades a medio plazo del Gobierno de [José Luis Rodríguez] Zapatero, la verdad es que con los medios que tenemos que asumir la instrucción es imposible. A mí me parece muy bien que el fiscal instruya, creo que es un modelo mucho más racional, y que exista un juez de garantías.