La Xunta despeja el camino de parques eólicos y directrices de urbanismo

La decisión de agotar la legislatura evita que un puñado de leyes y proyectos decaigan por falta de tiempo. El Gobierno de Emilio Pérez Touriño dispondrá por lo tanto de margen para aprobar las Directrices de Ordenación del Litoral, la Lei de Vivenda, la del Transporte y el plan sectorial de vivienda protegida o para resolver el concurso eólico, entre otros proyectos.

La disolución del Parlamento hubiera frustrado al menos nueve leyes nuevas

Mientras el Plan Acuícola fue aprobado ayer mismo por la Xunta, otras de las apuestas del bipartito presentan más complejidad, al estar todavía pendientes de ser presentadas o afrontar complejos trámites administrativos. Aunque las elecciones fueran en junio, el actual Gobierno gallego no aplicará la reforma de TVG hasta el próximo mandato. Tampoco entrará en vigor de forma definitiva el Plan del Litoral. Estos son los principales asuntos pendientes para los últimos meses de la legislatura:

- Concurso eólico. La decisión anunciada ayer por el presidente garantiza la resolución en esta legislatura del mayor concurso convocado en Galicia, con inversiones por 5.000 millones de euros. El plazo legal para la adjudicación expira el 17 de diciembre, pero la Consellería de Industria confía en hacerlo en octubre. De haberse confirmado el anticipo, esa decisión equivaldría a realizar las adjudicaciones en plena campaña electoral con el Gobierno en funciones.

- Plan de Vivienda Protegida. La conselleira Teresa Táboas pretende aprobar en el primer trimestre de 2009 el Plan Sectorial de Vivenda Protexida, por el que la Xunta promoverá 45.191 casas a precio tasado en el plazo de diez años. Para ello, expropiará 8,2 millones de metros cuadrados que pondrá en manos de los promotores para ejecuten las viviendas protegidas. El equipo redactor tiene el encargo de entregar el proyecto el próximo lunes. El anticipo hubiera frustrado el plan sectorial.

- Directrices de Ordenación Territorial. Uno de los grandes asuntos que tiene por delante la Consellería de Política Territorial. Fueron presentadas públicamente el 27 de junio, con el compromiso de que se aprobarían la semana siguiente. Un mes después, en los boletines oficiales no hay rastro de las directrices, a las que aún les queda por delante una larga tramitación administrativa, que incluye su paso por el Parlamento. Fuentes de Política Territorial aseguraron ayer que el documento ya está firmado por la conselleira María José Caride y que su publicación se ha retrasado a septiembre para evitar que agosto cuente como mes de exposición pública.

- Leyes. La Ley de Residuos hubiese decaído con la disolución del Parlamento, pero al agotarse la legislatura podrá concluir con normalidad su tramitación, ya iniciada. También se despeja el panorama para leyes como la de Vivenda, del Transporte, de Montes, de Pesca, del Turismo, de Servicios Sociales, de Comercio y de Drogodependencias, que se encuentran en fase de anteproyecto. El pacto de Gobierno firmado por Touriño y el portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana, también compromete al bipartito a promulgar esta legislatura, entre otras, las leyes de publicidad institucional y de conciliación de la vida familiar y laboral, así como a reformar el Reglamento del Parlamento.

- Áreas Metropolitanas. Si en 2001 y 2005 las elecciones pillaron al Área Metropolitana de Vigo en plena tramitación parlamentaria, la decisión de agotar el mandato abre la posibilidad de que esta vez la Xunta culmine su proyecto, que incluirá otras áreas urbanas ya definidas en las Directrices de Ordenación del Territorio. Persisten pese a todo incógnitas sobre el número de áreas que se crearán, los ayuntamientos que las integrarán y sus competencias.

- Ciudad del Mar. Afronta un doble problema científico y urbanístico. El proyecto consiste en un gran centro científico relacionado con la investigación marina en los antiguos terrenos de la ETEA, en Vigo, en el que se iban a invertir 100 millones de euros. Carece todavía del necesario convenio por el que la Xunta le compra los terrenos a su propietario, el consorcio de la Zona Franca, que en 2002 pagó por ellos 30 millones de euros al Ministerio de Defensa.

- Plan del Litoral. Su aprobación definitiva esta legislatura es una quimera, incluso en el caso de que las elecciones se celebraran en junio. Política Territorial todavía no ha presentado para aprobación inicial el documento que delimitará el grado de protección de toda la costa, al que le espera una compleja tramitación administrativa. Pese a todo, la conselleira María José Caride se ha comprometido a aprobarlo -no ha aclarado si inicial o definitivamente- antes de que el próximo 17 de mayo prescriba la prohibición de construir en la franja costera de los 500 metros.