El Constitucional delibera hoy la personación de los grupos del tripartito y Aralar
El pleno del Tribunal Constitucional se reúne hoy para decidir si admite la personación de las formaciones del tripartito (PNV, EA y EB) y Aralar en el recurso de inconstitucionalidad que prsentó el Gobierno central contra la ley de Consulta vasca, informaron ayer fuentes del alto tribunal. Los cuatro partidos políticos quieren personarse como coadyuvantes del Gobierno vasco, pese a que éste ya es parte en el recurso.
El Abogado del Estado y el Partido Popular se han opuesto a dicha personación, fundamentalmente porque los partidos no pueden personarse como parte en un recurso de inconstitucionalidad y sólo pueden hacerlo más de 50 diputados o senadores. Debido a la "claridad" con que la Constitución y la ley orgánica del tribunal regulan el recurso de inconstitucionalidad, el abogado del Estado concluye que los cuatro partidos que instan la personación "no persiguen más que el aprovechamiento e instrumentalización del presente proceso constitucional", pues la solicitud está "de antemano condenada al fracaso".
"Los partidos no son representantes políticos de los ciudadanos. Lo serán los diputados nacionales o los parlamentarios vascos (cada diputado o cada parlamentario), pero no los partidos que presentan listas electorales de candidatos", explica el abogado del Estado en su escrito de oposición a la personación.
Los comisionados del PP, Federico Trillo-Figueroa y Soraya Sáenz de Santamaría, consideran que el intento del los grupos del tripartito y Aralar de personarse en el recurso busca "imponer los criterios soberanistas o secesionistas de los nacionalistas sobre los no nacionalistas".
Levantar la suspensión
El Constitucional tiene también pendiente de resolver la petición del Parlamento y el Gobierno vascos sobre el levantamiento anticipado de la suspensión de la ley, que recae automáticamente en el mismo momento en que el Gobierno impugna una dispoción autonómica ante el alto tribunal.
También a esta cuestión se han opuesto el Gobierno y el PP. El primero, a través de la Abogacía del Estado, argumenta que si se levantase la suspensión y se celebra la consulta, los perjuicios para los intereses generales del Estado serían "irreversibles" en el caso de que luego se estimara el recurso de inconstitucionalidad. En cambio, para el Gobierno vasco sólo supondría posponer las fechas de convocatoria y consulta. Todas las partes coinciden en que lo ideal sería que el tribunal resolviese antes del 15 de septiembre, fecha para "tener por convocada la consulta", según la ley vasca.
