Drogas y maltrato

Más de la mitad de las mujeres que acuden a terapias de rehabilitación de su adicción a las drogas son maltratadas por sus parejas. Es un dato que refleja la relación entre ambos problemas, pero que indica también que son numerosas las mujeres afectadas por la decisión de muchas comunidades autónomas de excluir de los centros de acogida de mujeres maltratadas a las que son a la vez drogodependientes.

La violencia de género aparece frecuentemente asociada a la adicción a las drogas, incluyendo el alcohol, y a la falta de recursos económicos. Eso no significa que no se produzca también en otros medios sociales, pero sí que plantea problemas específicos cuando afecta a personas en esa situación. Su adicción las hace más dependientes y vulnerables y les impulsa a entrar en una espiral en la que acaban muchas veces culpabilizándose de la violencia que sufren. Un estudio entre mujeres que han aceptado someterse a tratamientos de desintoxicación indica que el 40% de ellas se resigna a recibir agresiones, el 34% ha decidido no abandonar o denunciar a su agresor, y el 28% se siente forzada a mantener relaciones sexuales.

Las comunidades autónomas, que tienen la competencia de la asistencia a las mujeres maltratadas, alegan falta de medios para evitar conflictos de convivencia en sus centros de acogida cuando en ellos habitan personas drogodependientes y otras que no lo son, y derivan a las primeras a centros para drogodependientes donde, según revela la experiencia, están más expuestas a sus maltratadores.

Por ello, la solución a esa falta de medios no puede ser simplemente negar acogida a las que tienen ese doble problema. Sería conveniente dotar a los centros de acogida de profesionales médicos y tratamientos que permitan dar una atención adecuada a las mujeres con adicciones o con problemas psicológicos graves, buscando una solución integral caso por caso.

La iniciativa de Andalucía de obligar por ley a que se dé prioridad en el ingreso en las casas de acogida públicas a las mujeres maltratadas en una situación "especialmente vulnerable" apunta una buena vía para abordar el problema. El sistema público debe garantizar la atención especial de estas mujeres en centros específicos, en los que estén alejadas de nuevos riesgos, con médicos que controlen los tratamientos de desintoxicación y psicólogos que traten sus dependencias afectivas.