La vigilancia de etarras es compleja y de dudosa constitucionalidad

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) mayoritaria entre los jueces españoles y de tendencia conservadora, considera que el derecho penal debe adaptarse al rechazo que el terrorismo y los delitos sexuales despiertan en la sociedad, pero con respeto a la Constitución. Por eso, su portavoz, Antonio García Martínez, considera "complejo y de dudosa constitucionalidad" la propuesta del PP de establecer 10 años de vigilancia tras la pena para terroristas no arrepentidos. García, sin embargo, no encuentra inconveniente a que se añada a las condenas por terrorismo el alejamiento de las víctimas. "La puerta para esta gente es el arrepentimiento, que puede controlarse con el tratamiento penitenciario", añade el magistrado. "El derecho siempre ha sido generoso con el que pide perdón".