Las reformas no afectarán a cientos de terroristas que están en la cárcel

En España hay, según datos oficiales del 31 de marzo, 428 presos penados relacionados con la banda terrorista ETA. Nada de lo que pacten PP y PSOE el próximo mes de septiembre les afecta. Sólo lo que pusiera en su condena. Como Ignacio de Juana Chaos, que cumplió 18 años de prisión por 25 asesinatos, todos los que cometieron sus acciones criminales antes de 1995, cuando se eliminaron las redenciones de pena por el trabajo, se han podido beneficiar del Código Penal franquista, de 1973, vigente cuando cometieron sus crímenes.

Socialistas y populares descartan la condena a cadena perpetua

Las leyes antiterroristas en España se han ido endureciendo desde entonces, en paralelo a la cada vez mayor sensibilidad por las víctimas, hasta situarse entre las más duras de Europa. Un etarra condenado por asesinatos cometidos después de la reforma de 2003 se enfrenta a penas que pueden alcanzar hasta los 40 años de prisión, sin posibilidad de reducción de pena, ni de salir en tercer grado. Hasta el útlimo día entre barrotes. Como dijo el ministro del Interior, Arkaitz Goikoetxea, el jefe del comando Vizcaya detenido hace dos semanas, "tiene 28 años y puede salir de la cárcel con 68".

Desde 2003, ETA ha asesinado a 11 personas. Los responsables pasarán una vida en la cárcel. Pero los autores de los 812 crímenes anteriores han cumplido, en general, muchos menos años. Los etarras y grapos más sanguinarios venían cumpliendo entre 16 y 17 años de condena con la aplicación automática de las redenciones de penas. Algunos que aceptaron acogerse a mediadas de reinserción, como Jokin Zubillaga o Ramón Zapirain, salieron mucho antes, con el tercer grado, tras pasar entre rejas entre 11 y 13 años, pese a haber sido condenados por tres o cuatro asesinatos.

El portavoz de justicia del PP, Federico Trillo, recuerda que la Constitución es el límite para cualquier reforma. "En la lucha contra el terrorismo no se deben buscar atajos. Ninguna medida penal tendrá en ningún caso efecto retroactivo, porque sería contrario al Estado de derecho".

En cuanto al posible aumento de penas, por encima de 40 años, Trillo advierte de que "aunque el sentimiento popular esté a favor de la cadena perpetua, no hay que forzar mínimamente la Constitución".

Descartado un aumento de penas, sin posibilidad de endurecer más las condiciones para salir de prisión, PP y PSOE responden ahora a la presión social por el caso De Juana centrándose en las medidas de seguridad, para cuando los terroristas salgan de la cárcel. Pero ya existe un catálogo amplio de esas medidas, y lo único que se puede pactar es aplicarlas. Así sucedía con el alejamiento de las víctimas, que aunque estaba en vigor sólo se empezó a dictar como medida accesoria en las sentencias después de 2005.

Con este discurso del PP conecta y coincide absolutamente los ministerios del Interior y de Justicia así como la dirección del PSOE y del Grupo Parlamentario. Los socialistas invocan las supuestas condenas a cadena perpetua que existen en Francia y Alemania para concluir en que nunca llegan en la práctica a los 40 años que sí tendrán que cumplir en España los terroristas a partir de la reforma de 2003.

"Ellos y nosotros sabemos que no se puede ir mucho más lejos", señalan fuentes gubernamentales refiriéndose al PP. Pero también reconocen que tampoco los socialistas han podido sustraerse a la presión social y ni siquiera han tenido valor para explicar que, en efecto, el caso de Iñaki de Juana es deleznable pero se ha cumplido la ley.