Los afectados plantan cara a Martinsa-Fadesa

Ratas paseando por obras que llevan meses paralizadas, familias que ya no confían en que algún día pasarán las vacaciones en el apartamento que compraron en Fuerteventura, pequeñas constructoras incapaces de pagar las nóminas de sus empleados porque no cobran los servicios prestados, ayuntamientos que se lamentan por unas tasas impagadas y que planean personarse como acreedores particulares... La suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa ha dejado un largo -y variado- reguero de damnificados. Todos esperan que el proceso al que se ve abocada la inmobiliaria sirva a sus intereses; aunque no confíen demasiado en ello.

La firma incumplía la obligación de avalar el dinero dado por sus clientes

"Unos amigos habían comprado a Fadesa bungalós en Fuerteventura. En León, se llegaron a vender más de 100. Pensamos que era un buen negocio para alquilarlo unos meses y también pasar las vacaciones. Firmamos en junio de 2006 y se supone que nos lo tenían que entregar a finales de ese año. Nos confiamos al no exigir el aval del dinero que íbamos dando y ahora nos damos cuenta de que fue un gravísimo error".

Es la historia de Juan Rodríguez y su novia, que hasta ahora han pagado casi 50.000 euros. No es algo raro. Abundan relatos así entre las más de 12.500 familias que hasta marzo habían firmado un contrato con la inmobiliaria que el pasado 14 de julio se vino abajo, incapaz de hacer frente a una deuda superior a los 5.000 millones de euros. Ángel Pablo Hita, creador de la asociación que ya cuenta con 400 afectados por la debacle de la promotora, afirma que en más de la mitad de los casos no han encontrado ni rastro del aval por las cantidades que entregaron los compradores, pese a que las inmobiliarias están obligadas por ley a hacerlo.

No es ésta la única irregularidad que cuenta Hita de la empresa que continúa presidiendo Fernando Martín. "Hemos entrado en contacto con ayuntamientos de toda España. Algunos retrasaron las licencias de obras después de informar a la empresa en repetidas ocasiones de que sus proyectos urbanísticos incumplían las normas. A pesar de los requerimientos, Martinsa no hacía nada", asegura Hita. Ayuntamientos como el de Colmenar Viejo o Villanueva de la Cañada se han puesto en contacto con la asociación. Estos municipios están a la espera de que se celebre el pleno en septiembre para tomar la decisión de personarse como acreedores particulares en el concurso de acreedores de la inmobiliaria.

Hay casos para todos los gustos. Desde una promoción de Valencia que lleva un año paralizada hasta urbanizaciones listas para entregar, pero a las que los ayuntamientos no conceden la licencia de obra. "Nos han contado un caso en el que, ante la falta del permiso municipal, ha sido la propia Martinsa la que ha puesto un generador de electricidad para que puedan entrar los inquilinos", añade.

La inmobiliaria reconoce errores importantes previos a la fusión con Fadesa y asegura que está tratando de subsanarlos, según un portavoz.

La asociación del bufete de Ofilegal aconseja a los afectados que paguen las cuotas para que no se les pueda acusar de incumplimiento. ¿Y en los casos en los que no hay aval? "Si hay un incumplimiento de Martinsa, ya no está tan claro. Habrá que estudiar cada caso concreto".

Miguel Hervés es de los que menos mala suerte han tenido. El adosado que compró cerca de A Coruña está ya a punto de ser terminado. A pesar de eso, no se fía un pelo: "Tengo unos 56.000 euros entregados. Pero no tengo casa, ni aval, ni puta idea de cómo va a acabar esto".