Hidroeléctricas investigadas por la Fiscalía compiten por un río protegido

Dos semanas antes de su disolución, la Confederación Hidrográfica del Norte (ahora del Miño-Sil) informó favorablemente el impacto ambiental de una minicentral en el río Couso, en Avión. Un cauce protegido "desde su nacimiento hasta su desembocadura" por interés medioambiental.

El proceso comenzó a gestarse en 2003, con el Gobierno de Manuel Fraga

La Secretaría de Estado de Cambio Climático firmó el informe favorable, que comenzó a gestarse en 2003 por la Xunta de Manuel Fraga. Cinco años después, tres empresas concurren en competencia por hacerse con la obra: Hidroeléctrica de Avión, Hidroeléctrica Cortizo y Engasa. Tras la primera de ellas está el empresario Luis Castro Valdivia, cuñado de Ramón Ordás, ex director xeral de Industria, Energía y Minas del PP e investigado por la Fiscalía por posible prevaricación al haber beneficiado supuestamente a Valdivia con la concesión de licencias para el negocio hidráulico. Hidroeléctrica Cortizo pertenece al grupo del empresario de aluminios José Manuel Cortizo que, según sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ocupó ilegalmente terrenos para construir la central del Umia. En Engasa figura el ingeniero jefe de la Diputación de Ourense, Manuel Rodríguez-Portugal, investigado por corrupción. Las tres empresas tienen su sede en A Coruña.

Tras el amplio entramado empresarial de las hidroeléctricas, que acaba vinculando a las tres candidatas a la obra del río Couso, se encuentran políticos, altos funcionarios de la administración y otros empresarios próximos al poder. Es lo que, en palabras del presidente de la asociación española Ríos con Vida, Pedro Brufao, se entiende por "el oligopolio del sector energético gallego". El ecologista alerta de que con estas concesiones el Estado privatiza los ríos "blindando jurídicamente a la concesionaria, con derecho a explotar el curso fluvial durante 75 años". Si el Estado quiere intervenir "está obligado a pagar a la empresa cantidades millonarias".

Engasa (Energía de Galicia SA), que según datos del Registro Mercantil tiene tres empleados y un capital social de 4,1 millones, está integrada por ocho accionistas entre los que figuran la sociedad de capital riesgo Sodiga y el grupo Adelanta, propietario de Hidroeléctrica del Fragoso e Hidroeléctrica Cadós, de las que es consejero delegado el ingeniero jefe de la Diputación de Ourense. El funcionario comenzó a ser investigado en 2003 por corrupción por mantener negocios privados en paralelo a su actividad al frente de Vías y Obras de la Diputación. En la denuncia constaba que el ingeniero jefe era socio en varias empresas energéticas de Alfredo Cacharro, entonces delegado en Ourense de la Consellería de Industria del PP, y hermano del, en aquel momento, presidente de la Diputación de Lugo. Además era socio de Socorro Cacharro López en Hidroeléctricas de la Montaña e Hidroeléctrica del Fragoso.

Otra de las empresas que opta a la explotación energética del río Couso es Hidroeléctricas de Avión, constituida con un capital social de 3.006 euros y presidida por Estudios e Inversiones del Noroeste. A ésta pertenece 1008 Producciones (dedicada a la distribución de películas y vídeos) de la que es apoderado Emilio Rey Berguer , hijo del presidente de La Voz de Galicia. Figura como apoderado en la hidroeléctrica Joaquín Evia, el militar que fue director general de La Voz de Galicia. Los consejeros de Hidroeléctricas de Avión son las empresas Kayak Noroeste SL y Ecoener SL Kayak está presidida por Pablo Campo Fernández, vicepresidente de la Cámara Oficial Minera de Galicia (es director gerente de Europizarras) y socio de Luis Castro Valdivia en Hidroeléctrica del Arnoya, a la que está vinculada la mujer del ex alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, y de la que forma parte el presidente de los empresarios gallegos, Antonio Fontenla. Y Ecoener tiene como único accionista a Castro Valdivia.

La última aspirante a la obra del río Couso es la empresa de José Manuel Cortizo, vinculada a su competidora Hidroeléctrica del Avión a través del presidente de Kayak, Pablo Campo. Este administra una empresa pizarrera ligada al grupo Cortizo que, como consecuencia de la minicentral que construyó en el Umia, en 2006, contaminó el abastecimiento de agua de Caldas causando graves daños en la fauna y flora, según denunciaron en su día ecologistas y vecinos.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente sostienen que la declaración favorable de impacto ambiental es un trámite derivado del de la Xunta y que el Ministerio "no analiza la filiación política de las empresas" que compiten por la concesión.