Rambla insiste en el devaluado plan de Ciudadanía en inglés

Ni las protestas de la comunidad educativa y los sindicatos, ni los autos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han hecho mella en el Consell. El vicepresidente primero y portavoz del gobierno valenciano, Vicente Rambla, insistió ayer en que la polémica versión de la Generalitat de la asignatura de Educación para la Ciudadanía "se impartirá en los términos en que fue planteada". Es decir, en inglés, y a partir del parco material didáctico que excluye contenidos referidos a la libertad de orientación sexual o el rechazo a la homofobia. El TSJ desbarató el martes el diseño ideado por el consejero Alejandro Font de Mora para imponer un temario "neutro" y "abierto a la familia", en oposición al planteado por el Gobierno. Los magistrados prohibieron al Consell sustituir las clases por un trabajo escrito y evaluar la asignatura en inglés.

Font de Mora ha mantenido su empeño en que Ciudadanía se dé en ese idioma, pero ha tenido que admitir que tras la decisión judicial los exámenes se pueden hacer en castellano o valenciano, o en un inglés plagado de faltas de ortografía. Además, el material, de contenido genérico, abre la puerta a que los profesores preparen sus propios soportes didácticos en la lengua que elijan. Rambla eludió valorar los autos del TSJ y remitió a las declaraciones del consejero, que se "ha manifestado con todo detalle".

El último pleno del Consell hasta septiembre dio un paso más en otro proyecto controvertido, la Ley de Integración de los Inmigrantes. La norma aprobada ayer para su tramitación en las Cortes, introduce el llamado "compromiso de integración", que rebaja la idea original de un contrato de derechos y deberes como el defendido en campaña electoral por el PP. Rambla subrayó que la ley actuará en una "doble dirección" para favorecer la integración del inmigrante y la acogida por parte de los valencianos. El compromiso se traduce en un programa o cursos de "comprensión" de valores, idioma y convivencia democrática. Serán voluntarios, y podrán seguirlos extranjeros con o sin papeles. El certificado de participación se podrá "hacer valer en las relaciones sociales y jurídicas", aunque la ley no precisa más. Rambla aseguró que no habrá "ninguna desventaja" para el inmigrante que rechace el compromiso. La ley incluirá ayudas para el retorno al país de origen.

El portavoz del Consell destacó los acuerdos de fomento del empleo y la competitividad frente a la crisis, con aportaciones de más de 63 millones de euros y medidas como la agilización de planes urbanísticos, en principio industriales, que faciliten la implantación de empresas. El Consell prevé suprimir la tasa del registro de actividades comerciales, al tiempo que emplaza de nuevo al Ejecutivo a mejorar la financiación autonómica.