Agró critica que se dé agua de regadío al PAI de Porxinos

Se compran unos campos de cultivo de secano, se transforman en regadío, se amplía la explotación y se abre un pozo sin permiso. Luego se tramita la concesión del agua para el nuevo regadío, y al cabo de los años se vende el terreno para construir una urbanización, que se queda con los recursos hídricos para dar de beber a miles de nuevos habitantes. Ésta es, en la versión abreviada, la historia de los terrenos del programa de actuación urbanística (PAI) de Porxinos, que negoció el ex presidente del Valencia CF Juan Soler con la Generalitat y el Ayuntamiento de Riba-roja para construir más de 2.600 viviendas y la nueva ciudad deportiva del club. El expediente por el que se pide el agua para la nueva urbanización está en información pública desde el 3 de julio, con una solicitud de 398.400 metros cúbicos anuales para cubrir el abastecimiento de 9.684 habitantes.

Acció Ecologista-Agró ha reconstruido la historia de esta futura concesión de agua y ha alegado en contra del permiso. El acuífero del que se sustraen los recursos es deficitario, y aunque la situación no se agravaría al usar para la urbanización el agua que antes servía para regar, los ecologistas consideran que "con esta concesión [al PAI de Porxinos] se contribuiría a consolidar una situación que debería haberse corregido" hace tiempo con la revisión de estas autorizaciones de pozos. En esa línea, la organización destaca que la explotación de cítricos creció a mediados de los noventa y perforó un pozo sin permiso. Después se solicitó la concesión de recursos, a la que alegó en junio de 2004 la Comunidad de Regantes de Aguas de Cheste-Chiva, precisamente porque consideraba que aumentaría el déficit de agua en la zona y exigía prioridad para los regadíos consolidados sobre los nuevos. Pero la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) otorgó la concesión en abril de 2005, con la condición de que el pozo se usara efectivamente para regar.

La normativa, sin embargo, no impide la venta de la explotación agrícola, como así ocurrió, y que los nuevos propietarios soliciten un cambio de uso del agua. De esta forma, "se puede cambiar el cultivo de cítricos por el cultivo de urbanizaciones", denuncia Acció Ecologista, que considera que esos recursos deberían "rescatarse" para cumplir la directiva europea del agua y recuperar medioambientalmente los acuíferos. La CHJ se limitó a señalar que el expediente está abierto y a la espera del estudio de las alegaciones.